El Congreso de El Salvador realizó el martes una serie de reformas al código penal del país asegurando que busca actualizar las herramientas para combatir los delitos informáticos, pero críticos temen que la medida podría servir para espiar a periodistas y activistas.
Los diputados del oficialista Nuevas Ideas y sus aliados establecieron que durante una investigación de posibles delitos informáticos podrán ordenarse "operaciones encubiertas digitales", que estarán a cargo de la policía, previa autorización de un juez y la fiscalía.
Se considerará como evidencia para procesos penales todos los documentos digitales, mensajes electrónicos, imágenes, vídeos u otros datos que sean almacenados, recibidos o transmitidos por canales digitales o dispositivos electrónico, dice el documento avalado con 63 de 84 votos.
"Los que se oponen a esta reforma al código Procesal Penal, para regular la incorporación y producción de evidencia digital en los procesos judiciales, solamente son los delincuentes", aseguró el legislador de Nuevas Ideas, Walter Coto.
A mediados de enero, el instituto canadiense The Citizen Lab dio a conocer en un informe el supuesto hackeo de los teléfonos móviles de 35 periodistas y activistas -varios de los que investigaban supuesta corrupción del Gobierno-, en los que fue implantado el software espía Pegasus.
Políticos opositores consideran que las reformas aprobadas podrían violentar derechos constitucionales y la privacidad de los ciudadanos, mientras que la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) cree que estarían restringiendo la libertad de prensa en el país.
"No podemos acompañar este tipo de reformas en un momento donde los ojos del mundo están viendo a un país que está violentando la libertad de prensa, a través de prácticas de espionaje", dijo la diputada opositora del partido Vamos, Claudia Ortiz.
Instituciones internacionales de derechos humanos expresaron el lunes su preocupación por las recientes denuncias sobre la posible utilización de Pegasus para espiar a periodistas y organizaciones de la sociedad civil en El Salvador.
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