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El Salvador: condenan por corrupción a exministro Seguridad


ARCHIVO - El exministro de Seguridad de El Salvador Benito Lara llega a un tribunal de justicia donde políticos y exfuncionarios del gobierno enfrentan juicio por acusaciones de negociaciones ilícitas y fraude electoral en San Salvador, 7 de febrero de 2020. REUTERS/José Cabezas
ARCHIVO - El exministro de Seguridad de El Salvador Benito Lara llega a un tribunal de justicia donde políticos y exfuncionarios del gobierno enfrentan juicio por acusaciones de negociaciones ilícitas y fraude electoral en San Salvador, 7 de febrero de 2020. REUTERS/José Cabezas

Benito Lara, un alto dirigente del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) también enfrenta un proceso penal por delitos de fraude electoral, agrupaciones ilícitas y negociar con las pandillas.

Una tribunal de El Salvador condenó el miércoles a Benito Lara por enriquecimiento ilícito en su etapa de diputado nacional entre 2009 a 2014 y de ministro de Justicia y Seguridad en el gobierno del expresidente Salvador Sánchez Cerén.

La condena incluye a la esposa de Lara, Ana Emilia Zelaya, y su hija Ileana Briseida Lara Campos.

“Se determinó que el señor Benito Lara tendrá que devolver al Estado de El Salvador la cantidad de 39.253,23 dólares. La señora Ana Emilia de Lara la cantidad de 2.000 dólares y su hija Ana Briseida Lara deberá de restituir un total de 68.302.64 dólares, haciendo un total de 109.555.87”, explicó a los periodistas uno de los fiscales del caso.

Tanto Lara como sus familiares resultaron inhabilitados para ejercer cargo público por un periodo de 10 años.

Lara, un alto dirigente del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) que gobernó el país de 2009 a 1019, también enfrenta un proceso penal por delitos de fraude electoral, agrupaciones ilícitas y negociar con las pandillas.

Después de conocer el fallo, el abogado de defensor del exministro, Marvin Flores, afirmó que el criterio de la Cámara de lo Civil fue sancionar aun existiendo pericias que establecen que no había enriquecimiento ilícito.

“Las pericias (de la Fiscalía y de la defensa) eran coincidentes en relación con que no se podía establecer que había enriquecimiento ilícito, ni aumento patrimonial injustificado”, manifestó el abogado defensor.

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