Una serie de reformas aprobadas por el Congreso salvadoreño a la ley de la carrera judicial y de la fiscalía han encendido las alarmas de Estados Unidos y de la Federación Centroamericana de Jueces por la Democracia que ven en ellas un “ataque al Estado de derecho y la división de poderes”.
Las reformas, aprobadas por la Asamblea Legislativa, dominada por miembros del partido del presidente Nayib Bukele, buscan depurar a un tercio de los 690 jueces y a docenas de fiscales mayores de 60 años o que cumplieron más de 30 años de servicio.
Los congresistas afines al presidente y el mismo Bukele afirman que los cambios buscan "limpiar" de las instituciones a jueces, magistrados y fiscales que supuestamente han favorecido con sus fallos y procesos a diferentes personas procesadas por delitos.
Luego de conocerse la noticia, la encargada de negocios de Estados Unidos en El Salvador, Jean Manes, dijo que EE. UU. está preocupado por las recientes reformas a leyes locales del sistema judicial en El Salvador que buscan depurar a jueces y fiscales mayores de 60 años.
La funcionaria estadounidense, además escribió en su cuenta de Twitter que “Un sistema judicial independiente y la separación de poderes son vitales para la democracia".
Centroamérica, atenta
Otros en reaccionar fueron los jueces de la región aglutinados en la Federación Centroamericana de Jueces por la Democracia, quienes a través de una nota de prensa alertaron a la comunidad internacional y catalogaron las reformas de “graves” y señalaron suponen una purga al Órgano Judicial en El Salvador.
Los cambios “violentan no solo la Constitución de la República, también convenciones internacionales en materia de justicia y Derechos Humanos”, cita el documento publicado en Twitter y republicado por distintas asociaciones de jueces de toda Centroamérica, incluyendo la de Guatemala.
Los miembros de la federación citan que los cambios dan paso “la instalación de condiciones antidemocráticas en contra del Estado de derecho y la división de poderes”. Además, de afectar la independencia judicial y la tutela y protección de los derechos humanos.
Anteriormente el Congreso de El Salvador destituyó a magistrados de la Corte Suprema y al fiscal general, generando preocupaciones entre la comunidad internacional sobre la separación de poderes y el estado de derecho.
Opositores y organizaciones de abogados aseguran que las reformas recién aprobadas son inconstitucionales y un intento de la Administración Bukele de controlar por completo el sistema de justicia.
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