Al menos 172 periodistas fueron amenazados en Colombia en lo que va de 2022, la cifra ya iguala a la registrada en el mismo periodo de tiempo de 2021, según datos de la Fundación para la Libertad de Prensa, (FLIP).
“Muchas personas no nos hacen llegar las amenazas que reciben o las agresiones que tienen porque están también en un espacio de desconfianza, no confían que estas presentaciones de sus agresiones puedan terminar en una diligente investigación por parte de quienes la deben hacer, casi el 100% de investigaciones sobre amenazas quedan impunes, alrededor del 98%. Este es un llamado para los cuerpos de justicia que deben hacer las investigaciones”, comentó a la Voz de América Juan Daniel Chaparro, investigador de la FLIP.
Tres fueron asesinados este año, la muerte de uno de ellos fue documentada como represalia directa por su reportajes sobre corrupción e información sobre grupos armados ilegales.
En muchos casos, en las zonas donde se originan las amenazas o intimidaciones, la oferta de medios locales para acceder a la información es mínima, por lo que si un medio o un periodista recibe un ultimátum, según la fundación, los demás se autocensuran.
![La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, realizó un memorial por periodistas asesinados en las Américas en 2022 en el marco del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas. [Foto: Tomás Guevara, VOA]](https://gdb.voanews.com/00040000-0aff-0242-a696-08dabdc55c6a_w100_r1.jpg)
Amenazas, hostigamiento, estigmatización y obstrucción del ejercicio periodístico son las agresiones que más siguen sufriendo los periodistas en el país, de hecho, Chaparro, dijo que “el panorama en Colombia actualmente es lamentable, preocupante y doloroso. Estamos viendo cifras de aumento en las agresiones a la prensa”.
Informar, principalmente en las zonas apartadas del país, sigue representando un riesgo para los reporteros, porque o los agreden, los estigmatizan, los matan o los persiguen, dice.
“Los periodistas están actuando el día a día con temor, hay otros hechos que tienen que ver con violencia, de tipo político, de contrabando, todo lo que tiene que ver con un margen de ilegalidad, muchas veces no se está informando por el temor ya instalado en las salas de redacción”, indicó.
Sobre estas amenazas, la FLIP señala que la mayoría son realizadas por desconocidos, por lo que no es posible identificar si hace parte de una guerrilla, un cartel del narcotráfico, una banda delincuencial, un actor político o particulares.
“En buena medida los actores son actores desconocidos, hay un actor invisible que envía la amenaza que puede llegar por una servilleta, o un mensaje directo, pero no se conoce quiénes están detrás de esa amenaza. No se conoce quién, qué actores están detrás de esa amenaza. Hay señalamientos en contra de personas vinculadas al ejercicio de la política, hay actores armados ilegales, hay también agresiones por parte de fuerzas armadas sobre todo en el cubrimiento de protesta social, entonces hay un abanico amplio de actores que están atentando contra la prensa”, agregó.
![Periodistas y activistas han denunciado la Ley de Ciberdelitos en Nicaragua. [Foto Houston Castillo, VOA]](https://gdb.voanews.com/6bed02d4-7aef-4936-ade0-4c2ebab5a3c6_w100_r1.png)
Este año, durante el paro armado del Clan del Golfo, del 5 al 9 de mayo, por la extradición a Estados Unidos de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, quien fuera el líder de ese grupo paramilitar dedicado al narcotráfico, la FLIP documentó que 15 medios se vieron obligados a salir del aire en los departamentos de Antioquia, Atlántico, Córdoba, Sucre y Bolívar, ante los hostigamientos de miembros de ese clan durante los días de paro.
Los departamentos con mayor número de amenazas a la prensa en 2022 son Bogotá, Antioquia, Arauca, Valle del Cauca, Bolívar, Cauca, Magdalena, Cesar, Santander, Atlántico, Caldas, Córdoba, Norte de Santander, Nariño, Cundinamarca y Tolima.
En esas zonas prevalecen violaciones como hostigamiento (59), acceso a la información (48), estigmatización (43), obstrucción al trabajo periodístico (36), ciberataque a páginas web (10), robo o eliminación del material periodístico (9), acciones arbitrarias de redes sociales (7), solicitud de remoción o bloqueo de contenidos en internet (6), daño a la infraestructura: (5) violación a la reserva de la fuente (4).
Investigaciones de riesgo
Por ejemplo, el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela, aparece regularmente en los informes como uno de los más peligrosos para los periodistas. Según datos de la FLIP, en 2022 fueron amenazados en esa zona 22 comunicadores.
“Publiqué un artículo sobre el rearme de las disidencias de las FARC, esa fue la principal causa para recibir las amenazas que tengo, la investigación fue publicada en la página de la emisora en la que trabajo (Arauca Stereo)”, cuenta a la Voz de América Sandra Buitrago, reportera que en 2018 presentó un informe sobre el nacimiento de las facciones disidentes de la extinta guerrilla de las FARC.
Desde la fecha de publicación de su denuncia, Sandra, ha tenido que trasladarse en un vehículo blindado con un equipo de seguridad que le otorgó la Unidad Nacional de Protección (UNP).
De acuerdo con la FLIP, el Estado colombiano está fallando en su misión de investigar a quienes atacan a la prensa, pues de las denuncias remitidas a la Fiscalía de Colombia, estas no son investigadas diligentemente y en ocasiones son antesala de futuras agresiones.
“Este fue el caso de Rafael Emiro Moreno, periodista asesinado el pasado 16 de octubre y quien recibió amenazas desde el 2019. Desde ese año, el comunicador denunció a la Fiscalía las agresiones de las que era víctima, algunas provenían de grupos armados ilegales y otras eran anónimas. En total, Moreno recibió en los últimos tres años seis amenazas, sin embargo, en todo este tiempo la Fiscalía no avanzó en la individualización de ningún victimario, todos los procesos se encuentran en etapa de indagación”, reveló en un comunicado.
De las muertes documentadas de periodistas en Colombia la mayoría obedece a actores desconocidos, corrupción política, narcotráfico, paramilitares, guerrillas, fuerza pública, bandas criminales y disidencias de las FARC, que han cobrado la vida de 164 reporteros y de los que solo en un 18% de los casos hubo algún tipo de condena, el resto de homicidios están en completa impunidad.
Para la oenegé Reporteros Sin Fronteras, Colombia se ubicó en el lugar 145 de 180 países en su índice de libertad de prensa. En el ranking la nación cafetera sigue siendo calificada como uno de los lugares más peligrosos para ejercer el periodismo. Solo en América Latina México, Nicaragua, Cuba y Venezuela, los comunicadores corren más peligros.
“En el ranking no solo medimos ítem de periodistas amenazados o asesinados, sino que la libertad de información involucra otros aspectos que hacen que Colombia se ubique en esos lugares, dentro de ellas también está el ambiente en el que se trabaja como el ambiente en el que se trabaja porque puede que no se dé una amenaza, pero se está con la preocupación de una demanda y otras condiciones sociales, culturales”, dijo a la VOA, Fabiola León, corresponsal en Colombia de Reporteros Sin Fronteras.
Finalmente, León, aseguró que el Gobierno de Gustavo Petro, debe apropiarse de su voluntad de garantizar la integridad de la prensa.
“Hay un canal abierto (con el gobierno) para poder hacer seguimiento a los periodistas que están protegidos y quienes están en riesgo y no lo están, para que la libertad de información se pueda fortalecer, asegurándose que la sociedad siga accediendo a la información”.
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