El FBI y el Departamento de Justicia planean presionar al Congreso para que autorice el acceso a las comunicaciones encriptadas como una manera de atacar los problemas de seguridad y las amenazas terroristas.
El director del FBI, James Comey, y la fiscal general adjunta, Sally Yates, testificarán este miércoles ante la Comisión Judicial del Senado.
De acuerdo a pasajes de la intervención que tienen preparada y que fue divulgada a la prensa, Yates va a decir a la Comisión que los intereses privados “no son absolutos” y que deben estar balanceados con la seguridad pública.
Las compañías tecnológicas privadas se oponen a que el gobierno espíe las comunicaciones, y muchas, incluyendo Apple, Microsoft y Google, han decidido encriptarlas para defender la privacidad de los usuarios, especialmente luego de las revelaciones de que la Agencia de Seguridad Nacional hackeaba sus centros de datos.
Yates planea argumentar que la falta de acceso a las comunicaciones encriptadas representa “un problema real de seguridad nacional y seguridad pública” que obstaculiza los esfuerzos por monitorear a secuestradores, terroristas y otros adversarios.
El director de la NSA, Michael S. Rogers, ha propuesto la creación de una especie de llave digital que abra la información encriptada, pero dividirla en partes y asegurarse que no haya una sola persona o agencia de gobierno que pueda usarla por si sola.
No obstante, un grupo élite de tecnólogos en seguridad ha concluido que los gobiernos estadounidense y británico no pueden demandar acceso especial a las comunicaciones encriptadas sin poner en riesgo la información más confidencial y la infraestructura critica del mundo.
