La población de mujeres en prisión se ha duplicado en las últimas dos décadas en Latinoamérica ante el endurecimiento de las políticas para combatir el tráfico de drogas; las mujeres representan el 8 % de la población reclusa en la región, pero reciben una penalidad “desproporcionada”, ante el “bajo nivel de participación en la cadena delictiva”.
Esos son los hallazgos del estudio 'Las mujeres privadas de libertad en las Américas', publicado este lunes por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington.
La investigación resalta que “las mujeres detenidas se enfrentan a afectaciones desproporcionadamente graves debido a la falta de atención a las necesidades específicas derivadas de su género”. La investigación profundiza también en las condiciones de la población carcelaria en el norte de Centroamérica.
El pasado 20 de junio, 46 mujeres perecieron en una cárcel cerca de Tegucigalpa, Honduras, en la que se considera la peor matanza de reclusas en el continente. La presidenta Xiomara Castro calificó el suceso como un acto “monstruoso” perpetuado por una pandilla rival, “a vista y paciencia de autoridades de seguridad”, lo que la llevó a destituir al ministro de Seguridad, Ramón Sabillón, y a anunciar “medidas drásticas” para evitar más violencia dentro de las cárceles.
El estudio de CIDH también plantea que el encarcelamiento femenino conlleva además un impacto en las personas bajo su cuidado, “considerando que las mujeres son quienes generalmente asumen las tareas de cuidado y la mayoría de las mujeres encarceladas son madres”.
La investigación plantea que hay una “falta de perspectiva de género para abordar la problemática”, al no considerar -en la mayoría de países- medidas sustitutivas a la prisión, en caso de delitos leves relativos al tráfico de drogas, sólo Costa Rica y Bolivia han avanzado con algunos programas.
El informe, según la CIDH, constituye el primer estudio regional para ofrecer un diagnóstico de la situación y abrir un diálogo en el Sistema Interamericano a partir de los hallazgos que lleven a “revisar” las medidas de los países en “política criminal y penitenciaria que afectan los derechos de las mujeres”.
La investigación ofrece recomendaciones para “la adopción de medidas para reducir el encarcelamiento femenino, así como incorporar una perspectiva de género en las políticas penitenciarias con el propósito de garantizar los derechos de las mujeres”.
Asimismo, destaca “la relevancia de aplicar medidas alternativas a la prisión que permitan tanto a las mujeres procesadas como condenadas permanecer en libertad, en atención a las afectaciones desproporcionadas de su encarcelamiento”.
Otro aspecto preocupante para los investigadores es la “escasez de políticas de reinserción social” para las prisioneras una vez salen de los penales, ante el estigma que genera la estancia en prisión; esto les presenta mayores dificultades que a los hombres al salir de la cárcel.
La investigación también propone “adoptar medidas” que puedan incorporarse en el juzgamiento de mujeres para una “perspectiva de género” y sobre todo impulsar reformas para garantizar “medidas alternativas a la prisión”.
En los últimos 20 años el encarcelamiento de mujeres ha aumentado un 56,1 % mientras que la población carcelaria general en la región creció en un 24,5% en toda Latinoamérica.
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