Los servicios de envíos marítimos de carga hacia Venezuela siguen detenidos mientras las empresas del sector aguardan por directrices del gobierno sobre las nuevas regulaciones y cobros de impuestos. Los envíos por vía aérea, en cambio, no se han detenido.
La semana pasada, el gobierno de Nicolás Maduro notificó a las empresas de servicios courier que adoptarían nuevas medidas para la importación de contenedores con mercancía comercial “puerta a puerta”, según reportes.
Una de las empresas del rubro, AC Export, adelantó la semana pasada un comunicado que indicaba que los “cambios en el proceso de nacionalización” del servicio puerta a puerta se traducen en “alteran las tarifas actuales”.
Una representante de una de las firmas venezolanas más antiguas de servicios de envíos “puerta a puerta” desde Estados Unidos, con sede en Maracaibo, quien pidió el anonimato por temor a represalias del gobierno, señaló a la VOA que aún no han recibido “respuesta” ni indicaciones del gobierno sobre estos cambios.
Otra empresa que también habló bajo condición de anonimato dijo que solo operarán con cargas aéreas "hasta tanto no se sinceren los datos en las aduanas".
Las empresas de envíos aclararon que sus servicios aéreos siguen vigentes. Algunas, como AC Export, precisaron a sus clientes que están recibiendo mercancías en sus almacenes en EEUU sin costos de almacenaje.
“No nos detenemos, continuamos haciendo envíos aéreos sin interrupciones. Tenemos salidas aéreas todos los viernes y entregamos en su puerta”, publicó en Instagram la firma A1 Cargo Logistics, que importa bienes desde EEUU.
Otras compañías, como Rima Cargo, que despacha a cuatro ciudades de Venezuela, comenzaron a promocionar precios especiales para sus cargas aéreas desde EEUU. Por esa vía, el envío de una caja de 10 libras y de tamaño regular (12x12x12) cuesta aproximadamente 60 dólares.
La clave es tributaria
Es “poco lo que se sabe” de la medida que puso en vilo el servicio de envío de cargas marítimas hacia Venezuela, acota el analista financiero Henkel García.
Ese tipo de servicios no están suspendidos “en principio”, tal como aclaró enseguida el gobierno venezolano, advierte. La lupa estatal está puesta sobre los sistemas de “casilleros” para envíos al país desde el extranjero, principalmente desde EEUU, explica. Los casilleros son una modalidad donde el cliente envía sus mercancías a la sede de una empresa de servicios de transporte de carga en EEUU para su posterior remisión a Venezuela.
“Eran servicios relativamente baratos y mucha gente comenzó a traer de todo, desde artículos personales hasta productos finales (para reventa). Se empezaron a hacer importaciones que no se hacen por esa vía”, afirma García a la Voz de América.
Tal parece que las exoneraciones tributarias para esos servicios desaparecerán y los impuestos y tasas para ese tipo de carga “van a empezarse a cobrar”, augura.
Un dato relevante es que el gobierno venezolano prorrogó hasta el 31 de diciembre de este año la exoneración de impuestos a 2.008 códigos arancelarios o productos de importación, de acuerdo con un reporte publicado por la agencia especializada en economía Bloomberg.
Esa medida autoriza la exoneración de 90% de los aranceles y del impuesto al valor agregado de 1.567 tipos de productos importados por personas y compañías.
A la vez, se exonera la totalidad de los tributos aplicables a 441 productos y “bienes prioritarios” adquiridos por los organismos de la administración pública.
Medida que trae “desasosiego”
La decisión sobre los servicios de envíos marítimos desde el extranjero es “preocupante y polémica”, a juicio del profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad del Zulia Emmanuel Borgucci, quien considera que el gobierno aplica políticas que buscan “destruir” el libre comercio.
“El comercio interno está tan controlado que es muy problemático para cualquier avance económico. Es el autoritarismo económico”, comenta a la VOA.
El investigador estima que las últimas decisiones sobre los procesos aduaneros en Venezuela terminarán afectando “en principio” los precios y la disponibilidad de algunos productos con el paso de las semanas y los meses.
Es necesario “agenciar medidas para buscar un diálogo y enrumbarse en un sistema serio, democrático”, manifiesta.
Borgucci apunta que el Estado debe estimular el “exiguo crecimiento económico”, en vez de aplicar medidas “conflictivas” que traen “desasosiego” al ciudadano.
De la alza, a la baja
El intercambio comercial entre Venezuela y EEUU aumentó en 2022, según cifras oficiales del gobierno norteamericano difundidas por la Cámara Venezolano-Americana de Comercio e Industria (VenAmCham).
Las importaciones crecieron 37,1% en comparación con 2021, al alcanzar 2.266 millones de dólares. Esta data incluye máquinas y equipos eléctricos, cereales, plásticos, comestibles, alimentos para animales y hasta vehículos.
La exportación de productos agrícolas desde EEUU a Venezuela se elevó en 2022 a 808,88 millones de dólares, según el Departamento de Agricultura de EEUU.
Esa cifra es superior a los 630,97 millones de dólares de las exportaciones a Venezuela en 2021, los 438,03 millones de dólares en 2020 y los $176,85 millones de 2019.
La mayoría de esas exportaciones desde Estados Unidos involucró la harina de soya, maíz, trigo, aceite de soya, vegetales procesados y bebidas alcohólicas.
Este año, parecen soplar vientos distintos. Mientras economistas destacan la caída del consumo y del poder adquisitivo del venezolano promedio, representantes del sector aduanero advierten sobre el desplome de las importaciones en los puertos.
Según el presidente de la Cámara de Comerciantes, Industriales y Aduaneros del estado Vargas, Rusvel Gutiérrez, las importaciones cayeron 65% en el primer semestre de 2023. Esa región tiene uno de los mayores puertos, el de La Guaira.
Gutiérrez dijo este mes en una entrevista radial que las importaciones industriales y comerciales se detuvieron principalmente por el alto costo de “nacionalización” de productos y para “echar a andar verdaderamente el proceso productivo” interno.
Borgucci, por su parte, asegura que toda la “polémica” generada por las medidas aduaneras del gobierno demuestran “la enorme vulnerabilidad” de Venezuela.
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