El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación de España, José Manuel García-Margallo, dijo que el gobierno de su país no apoya ninguna apertura europea con Cuba mientras el régimen de la isla no dé señales de progreso en materia de derechos humanos.
A diferencia de la postura adoptada con La Habana por el saliente gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el nuevo canciller dijo que si Cuba no modifica su historial de derechos humanos y permite el pluralismo político no habrá cambios en la denominada “posición común”.
La posición de la Unión Europea condiciona desde 1996 cualquier mejoría en las relaciones de los 27 países del bloque con La Habana a que el gobierno cubano respete los derechos humanos y dé pasos para propiciar una apertura democrática en la isla.
"No vamos a cambiar la posición común mientras Cuba no dé señales de que está avanzando en esa dirección", advirtió García-Margallo, cuyo país fue hasta hace poco partidario de suavizar la política europea con la isla, a diferencia del gobierno del Partido Popular que asumió en diciembre último encabezado por el presidente Mariano Rajoy.
García-Margallo dijo no querer para Cuba “nada distinto” de lo que él deseaba para España cuando era un opositor a la dictadura franquista en su país.
El canciller reiteró el pedido hecho la semana pasada por la vicepresidenta de España, Soraya Sáenz de Santamaría, cuando demandó a La Habana liberar a todos los presos políticos, luego de la muerte del prisionero de conciencia cubano Wilman Villar tras casi dos meses en huelga de hambre.
El régimen cubano calificó de "inaceptables" las exigencias de Madrid y declaró que ni el gobierno español ni la Unión Europea tienen la “más mínima autoridad moral para enjuiciar" a Cuba.
También en España, la Asociación por la Paz Continental envió una carta al Papa Benedicto XVI en la que le pide que reconsidere su próximo viaje a Cuba debido a la muerte del opositor Wilman Villar o en caso de que la visita “sea ineludible”, que haga patente su repulsa a las violaciones de los derechos humanos por parte del gobierno de la isla.
