Los independentistas catalanes mantenían la discreción este domingo sobre sus próximos pasos para hacer frente al plan del Gobierno central de destituir al Ejecutivo regional y tomar otras medidas, cuya constitucionalidad es objeto de debate.
Entre tanto el Gobierno de España instó a los catalanes a aceptar el control directo de Madrid e ignorar las instrucciones de la administración regional una vez que haya sido removida del poder.
El mensaje del domingo se produce un día después de que Madrid resolvió tomar la medida constitucional de cesar al gobierno de Cataluña, el último recurso para frustrar la campaña independentista y calmar los temores de agitación política y económica en el corazón de la zona euro.
La decisión, que sería implementada esta semana, llevó a las calles de Barcelona el sábado a decenas de miles de manifestantes independentistas y fue rechazada por el presidente catalán, Carles Puigdemont, quien la calificó como una “humillación”.
La portavoz del parlamento regional, Carme Forcadell, dijo que no aceptaría la decisión de Madrid y acusó al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, de llevar adelante un “golpe de estado”.
El ministro español de Relaciones Exteriores, Alfonso Dastis, respondió el domingo con un llamado a obedecer a Madrid. “Un golpe de estado es lo que han hecho el señor (Carles) Puigdemont y su gobierno. Lo que nosotros (el gobierno español) estamos haciendo es seguir estrictamente las cláusulas de nuestra Constitución”, declaró el funcionario a la cadena BBC.
“Vamos a establecer las autoridades que van a gobernar el día a día de los asuntos de Cataluña de acuerdo con sus propias normas (...) Esperamos que la gente en Cataluña desoiga las instrucciones que planean dar sus líderes regionales, porque no están legitimados para hacerlos”, añadió.
Otra de las incógnitas es cómo Rajoy materializará su amenaza de destituir al Gobierno catalán y el resto de las medidas.
Dastis, aclaró este domingo en la BBC: "No vamos a detener a nadie".
Los líderes catalanes han dicho que no aceptarán el control directo impuesto por Madrid, lo que eleva el prospecto de que busquen desafiar al Gobierno español cuando llegue el momento de removerlos del poder.
También el domingo, el consejero de presidencia de la Generalitat catalana dijo que “no está sobre la mesa” la convocatoria de unas elecciones autonómicas por parte del gobierno regional.
En una entrevista con la radio catalana RAC1, Jordi Turull dijo que a partir del lunes se tomarán “decisiones” después de que Puigdemont, anunció que convocaría al pleno del Parlamento regional, al calificar como una “humillación ilegal” la pretensión del Madrid de cesar al ejecutivo de la comunidad.
Protestas
Ciudadanos en Cataluña, salieron este sábado a las calles a protestar contra la medida de Madrid de destituir al gobierno catalán.
Al menos 50.000 personas independentistas se manifestaron en Barcelona a gritos de "¡libertad!" e "independencia", después de que el gobierno central anunciara su intención de cesar a todo el ejecutivo regional.
"Todos los escenarios pueden estar y han de estar previstos", afirmó este domingo el portavoz del Ejecutivo catalán, Jordi Turull, en declaraciones a la emisora Catalunya Radio, invitando a "tomar decisiones", pero sin revelar su alcance.
"Hemos de tomar decisiones, como dijo el presidente [catalán Carles Puigdemont], con todas las consecuencias", explicó Turull.
Cuando se le preguntó si aceptaría la destitución si viniera del Gobierno central, respondió: "Me debo al presidente de la Generalitat de Cataluña".
La cuenta atrás para el cese del Ejecutivo independentista catalán y la toma de control de la región por parte del Gobierno central empezó el sábado, con el anuncio de las medidas para "restaurar el orden constitucional" en Cataluña.
El Senado admitió a trámite la petición gubernamental de usar el artículo 155 de la Constitución —para llamar al orden a un gobierno autonómico desobediente— y sacar adelante su plan. La cámara votará la medida el próximo viernes.
Elecciones o declaración de independencia
El lunes, los portavoces de los diferentes partidos con representación en el Parlamento catalán se reunirán para fijar la fecha del próximo pleno, que podría ser una nueva oportunidad de declarar unilateralmente la independencia, en cumplimiento de los resultados del referéndum inconstitucional del 1 de octubre.
En su respuesta a la batería de medidas que prepara el Gobierno central, Puigdemont dijo que pedirá al Parlamento que actúe "en consecuencia" ante "el intento de liquidar nuestro autogobierno y nuestra democracia".
La indignación entre la mitad aproximada de la sociedad catalana que apoya la independencia aumentó en los últimos días, y, con ella los apremios a que Puigdemont dé el paso definitivo.
Otras voces le reclaman que convoque elecciones antes de que lo haga el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, lo que aparece como una vía de salida a la crisis antes de que el Senado vote el viernes. Pero Turull dijo que esa opción "no está sobre la mesa".
El diario barcelonés La Vanguardia publicó este domingo un editorial instando al presidente Puigdemont a "poner las urnas" para unas elecciones regionales. "Hay personas que comienzan a ver en peligro sus puestos de trabajo. Existe el riesgo de un enfrentamiento civil. Ese peligro es real", estimó el rotativo barcelonés, justificando su demanda.
Aplicación jurídica
"El problema no es aplicarlo, es cómo aplicarlo", dijo a la AFP el profesor de derecho constitucional Xavier Arbós, de la Universidad de Barcelona, sobre un artículo 155 de la Constitución de 1978 que hasta ahora nunca se usó a fondo.
Las organizaciones independentistas calibran lo que se avecina. Rubén Wagensberg, portavoz de En Pie de Paz (En Peu de Pau), un colectivo pacifista y opuesto a la violencia creado hace poco, explicó a la AFP que "si entra la Guardia Civil a una de las instituciones catalanes, habrá resistencia pacífica".
"Se podría conseguir una movilización muy importante, como ya se vio en otras partes, como para proteger los colegios electorales el 1 de octubre", aseguró, sobre la jornada del referéndum, que se tradujo en cargas policiales y heridos, unas estampas perjudiciales para la imagen del Gobierno central.
El anuncio de las medidas de Rajoy podría redefinir los espacios políticos en Cataluña y el independentismo podría atraer, en su enfrentamiento con Rajoy, a la izquierda representada por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.
El sábado, Colau participó en la multitudinaria manifestación independentista de Barcelona para reclamar la puesta en libertad de dos líderes del movimiento, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, y denunció que "Rajoy ha suspendido el autogobierno de Cataluña por el que tanta gente luchó".
Se trata, sentenció la alcaldesa, de "un grave ataque a los derechos y libertades de todos, aquí y en todas partes".
Además de sus dos principales medidas -cese del Gobierno catalán y convocatoria de elecciones en seis meses—, los planes de Rajoy abren la puerta a la intervención de los medios públicos catalanes y de la policía regional.
Para el profesor Arbós, todo ello "es inconstitucional", porque "la Constitución reconoce el derecho a la autonomía". En cualquier caso, afirmó Arbós, el panorama es poco claro, porque "la declaración de independencia es posible, pero hacer efectiva la independencia es imposible".
