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Comisión del Congreso de EE. UU. debate protestas en Cuba y respuesta del gobierno


El legislador cubanoamericano Albio Sires presidió la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de EE. UU. sobre las manifestaciones en Cuba.
El legislador cubanoamericano Albio Sires presidió la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de EE. UU. sobre las manifestaciones en Cuba.

En la sesión de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes participaron como invitados el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, y la activista cubana Rosa María Payá.

El presidente del subcomité del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Albio Sires, dijo este martes que Estados Unidos puede hacer más trabajo con las compañías privadas y la sociedad civil para expandir el acceso a la internet para los cubanos.

El representante, nacido en Cuba, hizo la declaración en la apertura de una audiencia del comité sobre las recientes protestas masivas en Cuba y la respuesta del gobierno en que participaron como invitados el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, y la activista cubana Rosa María Payá.

Sires dijo que el gobierno de la isla está confiscando los equipos para el acceso a la internet por satélite con asistencia técnica de China.

El legislador llamó a expandir el apoyo a los manifestantes y a la sociedad civil en Cuba y pedir a los aliados europeos y en las Américas que salgan adelante y trabajen con Estados Unidos en derechos humanos en este momento.

Agregó que un paso inmediato que debe tomarse es identificar y sancionar a los culpables de cometer abusos a los derechos humanos.

“Se han documentado decenas de golpizas a periodistas y manifestantes y cientos de arrestos arbitrarios”, dijo Sires. “Sabemos de al menos un asesinato a manos de tres agentes de seguridad y sospechamos que hay otros”.

También recordó que ya había una crisis de derechos humanos en Cuba antes de las manifestaciones del pasado 11 de julio y que ya había 150 prisioneros políticos a principios de este mes.

Vivanco ratificó que los grupos de derechos humanos han reportado cerca de 5.000 detenciones en Cuba desde el 11 de julio.

Human Rights Watch ha conducido miles de entrevistas para documentar la repuesta del gobierno a los problemas y recibido informes creíbles de golpizas de la policía, documentado múltiples casos de detenciones arbitrarias, y también muchos han sido mantenidos incomunicados y se desconoce su paradero”, dijo.

Su evaluación fue que “aunque el gobierno cubano insista en ello, la antigua represión de décadas está cambiando”.

Miles de cubanos están superando su temor al gobierno y a pesar de los intentos del gobierno para restringir las comunicaciones el acceso a la internet ha permitido a muchos organizar protestas y reportar los abusos de una forma que era imposible hace unos años”, explicó.

La activista cubana Rosa María Payá, líder del proyecto Cuba Decide, también denunció la respuesta del gobierno cubano a las protestas.

“Este régimen respondió con represión, causando grandes lesiones. En televisión nacional (el presidente Miguel Díaz-Canel) llamó a una guerra en las calles y a luchar usando todos los medios en las provincias orientales. La policía hirió de bala a un manifestante en la cabeza. Está en video”, dijo Payá.

“Las víctimas son trabajadores, estudiantes y miembros de la oposición organizada. Creemos que el número real de víctimas está en los miles”.

Otros miembros de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes expresaron su rechazo a las acciones represivas del gobierno cubano y dieron su apoyo a las denuncias de los panelistas y al pueblo de la isla que salió a las calles.

Sin embargo, un tema que provocó discusiones entre los panelistas y los invitados fue el embargo de Estados Unidos a Cuba.

Vivanco propuso el levantamiento del embargo, alegando que es una política de aislamiento que no ha ayudado a mejorar los derechos humanos en la isla y ha ofrecido al gobierno una excusa para sus problemas, para sus abusos y para atraer la simpatía de gobiernos que podrían estar dispuestos a condenar las prácticas represivas.

Payá replicó que “levantar las sanciones contra el régimen cubano es financiar a la policía política que oprime al pueblo en las calles”.

“A pesar de la falta de alimentos y medicinas los manifestantes están demandando libertad, derechos humanos, democracia. Están gritando ‘No más’. El cambio es posible con una dictadura”, agregó.

El debate en el comité se extendió por dos horas, donde los participantes discutieron otros asuntos, como la crisis del COVID-19 en Cuba, la falta de una vacuna efectiva en Cuba, el estado del sistema de salud en la isla y el programa del gobierno cubano de enviar misiones de médicos al extranjero.

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