![Vista general de los 81 vehículos que iban a ser enviados a Venezuela y que fueron confiscados por el Departamento de Seguridad Nacional en Miami. [Foto: Antoni Belchi/VOA]](https://gdb.voanews.com/b9175d72-251d-46dd-b91f-5baec6de6527_w250_r1_s.jpg)
La Oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) confirmó la incautación de 81 autos que iban a ser transportados ilegalmente a Venezuela. La investigación, que se inició hace varios meses y que aún continúa abierta, ha servido para dar con este operativo que podría estar controlado por altos funcionarios del Palacio de Miraflores.
“Los oficiales, que están entrenados para detectar cargamentos sospechosos, de la unidad especializada en contrabando y antiterrorismo se dieron cuenta de que había ciertas diferencias en envíos de carros que estaban saliendo del sur de la Florida”, explicó Michael Silva, portavoz de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) durante una conferencia de prensa.
Los agentes se percataron de que quienes adquirían esos vehículos, muchos de ellos de alta gama, eran compradores “fantasma”, por lo que era prácticamente imposible identificar a las personas o compañías que estaban haciendo esas transacciones.
La investigación, que se inició en el mes de abril, ha permitido confiscar 81 vehículos cuyo valor va desde los 20.000 hasta los 150.000 dólares. El valor total de la mercancía es de más de 3,2 millones de dólares, según confirmaron fuentes del ICE.
“Esos vehículos iban con destino a Venezuela y a personas relacionadas con (Nicolás) Maduro, y todos fueron incautados. Una de las misiones de la CBP es también interceptar y desmantelar cárteles de crimen organizado”, agregó el representante de la agencia federal.
Los automóviles permanecen bajo custodia en una de las dependencias del ICE en el Puerto Everglades (Florida), al norte de Miami, desde donde se pretendía hacer el envío.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), que apenas ha dado más detalles sobre este operativo especial contra el narcotráfico y el contrabando, señaló al empresario Raúl Gorrín, que está incluido en la lista de los más buscados en Estados Unidos por delitos de blanqueo de capitales y corrupción, como una de las personas vinculadas a la compra de estos automóviles.
“Sin entrar en más detalles, hay ciertos elementos que se refieren a esa persona”, manifestó Silva frente a los periodistas.
No se descarta que este tipo de operaciones se hayan estado realizando desde hace algún tiempo. Sin embargo, ahora que hay mayor presión sobre el gobierno en disputa de Nicolás Maduro y sus funcionarios, las agencias federales han investigado con mayor profundidad el envío de mercancías hacia Venezuela.
El portavoz de CBP señaló que “existe cierta responsabilidad” por parte de los dueños de los concesionarios que han vendido estos vehículos. “Los responsables de los concesionarios tienen que reportar cuando un carro está siendo exportado y tiene un valor mayor de 10.000 dólares, de la misma manera que hay una regulación que señala que una persona que entra a Estados Unidos con más de 10.000 dólares tiene que reportarlo”, aclaraba el funcionario recordando que, de lo contrario, “se le puede incautar”.
Por el momento, se desconoce si los dueños de estos concesionarios van a tener algún tipo de responsabilidad penal o criminal. “Es muy temprano para determinar eso porque todavía depende del Departamento de Seguridad Nacional y de la Fiscalía General”, agregó.
Fuentes del ICE confirmaron a la Voz de América que en Estados Unidos se han incautado más de 600.000 millones de dólares en bienes relacionados con la "cleptocracia" en Venezuela en los últimos años.
Esta es la incautación de automóviles más grande que ha hecho la oficina de Miami del DHS en toda su historia. Otras prominentes confiscaciones relacionadas con el narcotráfico y la corrupción en Venezuela tuvieron que ver con el guardaespaldas de Hugo Chávez y extesorero Alejandro Andrade, que actualmente está cumpliendo una condena de 10 años en Estados Unidos, o con 24 bienes ubicados en Florida y Nueva York y valorados en más de 77 millones de dólares.
