El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, prestó juramento el martes a la ex jueza federal de apelaciones Amy Coney Barrett, quien había sido confirmada el lunes por la noche por el Senado de Estados Unidos en una votación de 52 a favor y 48 en contra, uno de ellos republicano.
La senadora republicana Susan Collins de Maine se unió al caucus demócrata votando en contra de la confirmación de Barrett. Collins dijo que no votaría por la confirmación de la jueza debido a la proximidad de la votación con las elecciones presidenciales de la próxima semana.
Según The Associated Press, ningún otro juez de la Corte Suprema ha sido confirmado en votación sin algún apoyo del partido minoritario en al menos 150 años.
Barrett es el tercer magistrado de la corte de nueve miembros nombrado por el presidente Donald Trump e inclina significativamente su equilibrio ideológico hacia una mayoría conservadora de 6-3.
“Es un privilegio que me pidan que sirva a mi país en esta oficina, y estoy aquí esta noche verdaderamente honrada y humilde”, dijo Barrett el lunes. “Gracias también al Senado por dar su consentimiento a mi nombramiento. Estoy agradecida por la confianza que han expresado en mí y les prometo a ustedes y al pueblo estadounidense que cumpliré con mis deberes lo mejor que pueda”.
Oposición demócrata
Los demócratas argumentaron que la decisión de elegir a un candidato para la vacante debería haberse dejado en manos del candidato que gane las elecciones presidenciales, una postura que impusieron los republicanos cuando hubo una vacante en el año electoral a principios de 2016.
Barrett podría potencialmente considerar disputas electorales que involucren a Trump, aunque no está claro si ella podría recusarse ya que Trump la nombró a la corte.
Barrett está programada para estar entre los jueces que escuchen un nuevo desafío el 10 de noviembre sobre si invalidar la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio del país, que Trump ha tratado de revocar.
La ley, conocida popularmente como Obamacare en honor al expresidente que defendió su aprobación en 2010, es una medida que ayuda a brindar atención médica a millones de estadounidenses.
Su destino es una preocupación crucial para muchas personas en medio del creciente número de nuevos casos de coronavirus en los Estados Unidos. Según cifras recientes de la Universidad Johns Hopkins, EE. UU. tiene más de 8,7 millones de casos confirmados y registra 225.730 muertes.
