El pasado 22 de junio el Departamento de Seguridad Nacional implementó nuevas normas para solicitantes de asilo, para, y citamos: “disuadir a los extranjeros de ingresar ilegalmente a Estados Unidos”. Las mismas entraron en vigor este 25 de agosto generando retos tanto para esta población, como para sus representantes legales.
Claudia Bernal, abogada de inmigración, asegura que esto dificulta los procesos a los solicitantes pues es un tiempo en el que legalmente no pueden trabajar, a lo que se suman costos que anteriormente no existían.
“Ahora una persona que está aplicando a permiso de trabajo en base a una aplicación de asilo, ya no tendrá que esperar solamente 180 días, va a tener que esperar un año completo, desde que inmigración recibe su aplicación para poder ser elegible a permiso de trabajo”, dijo la abogada a la Voz de América.
Asimismo, explicó que ahora habrá que pagar por un cobro que antes no estaba estipulado.
“Ahora hay que pagar un derecho adicional, un pago de 85 dólares, es el monto para la evalución de nuestras huellas digitales, del aspecto biométrico, lo que antes no se tenía que pagar […] Las aplicaciones de asilo, a la fecha, ya no son gratuitas, habrá que pagar un derecho de 50 dólares”, explicó.
Pese a ello, aclara la abogada Bernal, que esto no ha desmotivado a los aplicantes, sino que, por el contrario, ha aumentado la intensión de los solicitantes de hacer su proceso prontamente.
“La gente todavía sigue pensando que las cosas se van a poner todavía peor y este es el momento de inmigrar, de intentarlo”, dijo la abogada a la VOA.
La norma además establece que las personas que deseen solicitar este recurso, deben hacerlo dentro del primer año desde su última entrada al país. Quienes tengan antecedentes criminales no serán elegibles para recibir esta protección en Estados Unidos.
(Adaptado por Herbert Zepeda con información de Laura Sepúlveda)
