La polémica por la presencia de fuerzas federales en Portland, en el estado de Oregón, llegó el miércoles a un punto de inflexión cuando la gobernadora Kate Brown anunció una “retirada gradual” de los agentes federales que estos días patrullan por el centro de la ciudad a partir del jueves, 30 de julio.
“El gobierno federal acordó una retirada gradual de oficiales federales de Portland, a partir del jueves. Tenemos un acuerdo claro de que todos los funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza [CBP, por sus siglas en inglés] y del ICE [el Servicio de Inmigración y Aduanas] abandonarán el centro de Portland el jueves”, confirmó a la Voz de América la oficina de prensa del gobierno de Oregón.
Un contingente limitado de oficiales federales que custodian la corte de Justicia durante todo el año, precisa el correo electrónico, “permanecerá y se concentrará en su interior”, que agrega además que los agentes de la Policía Estatal de Oregón se quedarán en el centro de la ciudad “para proteger la libertad de expresión y mantener la paz".
En un comunicado divulgado este mismo miércoles, Chad Wolf, secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), insistió en la importancia de la misión de los agentes federales enviados a Portland.
Wolf reconoció las conversaciones sostenidas durante las últimas 24 horas con Brown, en las que se estableció “un plan conjunto para poner fin a la actividad violenta en Portland, dirigida a propiedades federales y agentes de la ley”.
Más tarde, no obstante, el jefe del DHS resaltó en una entrevista con la cadena Fox News que agentes federales continuarán velando por la seguridad del tribunal federal. “No dejaremos Portland hasta que no estemos seguros de que la Corte esté a salvo”.
Por su parte, Brown apuntó en su cuenta de Twitter: “Centrémonos en las demandas del movimiento Black Lives Matter, de justicia racial y responsabilidad policial. Es hora de tomar medidas audaces para reformar las prácticas policiales".
Las protestas en los alrededores de la corte federal de Justicia continúan desde que el 25 de mayo el afroestadounidense George Floyd muriera tras una detención policial en la ciudad de Minneapolis, en el estado de Minnesota. Las manifestaciones contra el racismo y la brutalidad policial coparon titulares y luego se fueron apagando en gran parte del país, no así en Portland.
La administración del presidente Donald Trump sostiene que la misión de los agentes enviados a Portland es detener lo que el mandatario considera "acciones violentas de la izquierda radical".
Las tensiones escalaron la semana pasada cuando agentes del orden, equipados con uniformes paramilitares y sin identificación alguna, arremetieron con gases lacrimógenos contra los manifestantes frente al edificio de la corte de Justicia.
El alcalde de Portland, Ted Wheeler, estaba el miércoles 22 de julio por la noche entre quienes se apostaron junto a una valla frente al tribunal, cuando los agentes dispararon el gas lacrimógeno.
El fiscal general de Oregón presentó una demanda acusando a los agentes federales de arrestar a los manifestantes sin causa y usar la fuerza excesiva, algo que las autoridades federales han disputado.
