Un panel de expertos discutió el lunes los logros y acercamientos del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) en su lucha por enfrentar la corrupción, el narcotráfico y el blanqueo de capitales en América Latina.
Invitados por el Wilson Center y presentado por su director encargado, Benjamín Gedan, participaron el exfiscal federal por Nueva York, Daniel Alonso; Michael Nadler, miembro de Stumm Hauser Fossler y exasistente fiscal en el distrito sur de Florida, así como Walter Norkin, actualmente fiscal adjunto el distrito sur de Florida.
Norkin se refirió al entramado judicial en el que distintos distritos desde diferentes estados participan de una misma pesquisa, como ocurrió con el mediático caso de Joaquín Loera “El Chapo” Guzmán, los hilos llevaban al narcotraficante enjuiciado a finales de 2019.
“Si hay un cártel de drogas internacional o una investigación internacional que están llevando a cabo los distritos, generalmente tiene que estar relacionada con algo que suceda en ese distrito”, apuntó Norkin en relación a las limitantes jurisdiccionales.
También dijo que “hay un puñado de distritos que tienen una visión diferente” de cómo se procede a nivel nacional.
"Pero la idea es que si estás hablando de alguien como el Chapo Guzmán, vas a poder demostrar que está enviando drogas a Estados Unidos y que esas drogas están afectando a Des Moines, Dubuque y Duluth y ese tipo de lugares (…). Si nos fijamos en las estadísticas, la abrumadora mayoría de las drogas que ingresan a Estados Unidos, por ejemplo, pasan por la frontera con México. No es concebible que esa cantidad gigante de drogas solo se quede a lo largo de la frontera, sino que se filtra a estos otros distritos”, apuntó.
En tanto, Daniel R. Alonso precisó que “la corrupción de alto nivel en América Latina va de la mano con el narcotráfico”, por ello no es sorprendente, dijo, que desde la época de finales de los '80 hayan sido acusadas numerosas figuras de gran trascendencia, desde el panameño Manuel Antonio Noriega al mandatario en disputa de Venezuela Nicolás Maduro o el general retirado y exministro de Defensa mexicano Salvador Cienfuegos.
Como contexto, Alonso explicó que la Ley sobre Prácticas Internacionales Corruptas (FCPA, por sus siglas en inglés) castiga el pago a funcionarios gubernamentales en países extranjeros para obtener o retener negocios, pero son los pagadores los que están sujetos a las sanciones. “La FCPA no penaliza al destinatario de un soborno”.
En ese ámbito se refirió al recientemente devuelto a México, el general Cienfuegos. “Entonces, si Cienfuegos en lugar de haber sido acusado de delitos de drogas ha sido acusado de aceptar sobornos, ese no habría sido un caso de la FCPA”, explicó.
Según él, la política aprobada por la administración del presidente Barack Obama en 2014 potenció un tipo de trabajo en el exterior, una especie de “agenda global anticorrupción de Estados Unidos”, pero, aunque “la administración Trump no ha sido tan fuerte en sus declaraciones públicas”, nunca ha rescindido tal medida, lo que ha ayudado al combate a la corrupción.
La discusión también concluyó que si bien durante el presente cuatrienio “la Casa Blanca y el Departamento de Estado se han retirado en gran medida de la lucha contra la corrupción en América Latina” no ha sido el caso del DOJ, que “ha seguido desempeñando un papel más activo en la lucha contra el tráfico de drogas, el blanqueo de capitales y la corrupción pública en la región”.
