Cientos de trabajadores migrantes hicieron fila esta semana durante un receso en sus labores de recolección para recibir la vacuna contra el coronavirus en un viñedo en el sur de California.
Los trabajadores agrícolas inoculados figuran entre los inmigrantes vulnerables en Estados Unidos, en particular los 11 millones que no cuentan con permiso de residencia y que según activistas pueden ser algunas de las personas más difíciles de alcanzar durante la campaña de vacunación más grande en la historia del país.
Algunos inmigrantes no autorizados temen que la información recabada durante la vacunación pudiera ser entregada a las autoridades y por ende podrían no buscar inocularse, mientras que quienes hablan poco o nada de inglés podrían encontrarse con la dificultad de acceder a las dosis. Al igual que otros grupos, algunos titubean por el hecho de que la vacuna es de reciente aprobación y las barreras del idioma también podrían dificultar el hacerles llegar mensajes para contrarrestar la desinformación.
Aunque estas dificultades podrían existir para muchos grupos vulnerables de inmigrantes, son particularmente preocupantes para los de origen latino, que conforman una gran parte de la fuerza laboral en industrias en las que enfrentan un gran riesgo de exposición al coronavirus.
“Hay ansiedad y es real (...) pero también lo es el temor de morir de COVID-19”, dijo Pablo Alvarado, director de la National Day Laborer Organizing Network (Red Organizadora Nacional de Jornaleros), un grupo que vela por su bienestar.
Para enfrentar estos desafíos, organizaciones que apoyan a los inmigrantes latinos están yendo a los campos agrícolas para llevar vacunas e información a los trabajadores migrantes e intentar contrarrestar la desinformación en español y otros idiomas.
En el extenso condado Riverside de California, donde se encuentra un sector agrícola de 1.300 millones de dólares, la Desert Healthcare District and Foundation, una organización de salud sin fines de lucro que transportó las vacunas al viñedo, recientemente llevó tabletas para que los trabajadores hicieran su cita para inocularse, dijo Conrado Bárzaga, su director general.
La organización también comparte en WhatsApp información sobre el virus y cómo conseguir hacerse una prueba. Los mensajes son en español y purépecha, una lengua indígena del oeste de México que hablan algunos trabajadores agrícolas en California.
La Red Organizadora Nacional de Jornaleros ha utilizado un programa de radio en español en las redes sociales para compartir información sobre el virus durante la pandemia. Ahora, los presentadores del programa, muchos de ellos migrantes y trabajadores de bajos ingresos, planean desacreditar los mitos sobre la vacuna entre sus 300.000 escuchas semanales, dijo Alvarado.
Estima que contrarrestar la desinformación en las redes sociales es clave para superar la mayoría de las desconfianzas sobre la vacuna, como desmentir la aseveración falsa de que con ella le insertarán un microchip a las personas.
Daniel Cortés, de 58 años, un inmigrante mexicano que vive en Nueva York, está entre los reticentes. No tiene permiso para vivir en Estados Unidos. Dice que no se pondrá la vacuna porque está saludable y teme una reacción adversa. Las pruebas de las vacunas aplicadas en el país en las que miles han participado no han producido hasta la fecha indicios de efectos secundarios graves y pocas reacciones adversas imprevistas han sido reportadas en los primeros días de la distribución de las inoculaciones en el país.
“Mantengo el distanciamiento social, me lavo las manos, me cambio de ropa cuando llego a casa”, informó Cortés, quien dijo creer que esas precauciones son suficientes. “No me he enfermado en ocho años y espero seguir así”.
El “Plan de Rescate de Estados Unidos” del presidente Joe Biden por 1,9 billones de dólares incluye un programa para establecer centros comunitarios de vacunación en diversas partes del país y utilizar clínicas móviles para llegar a comunidades difíciles de alcanzar. Ha dicho también que tomará medidas para hacer que la vacuna sea gratuita para todas las personas que se encuentren en Estados Unidos al margen de su condición migratoria.
Sin embargo, algunos grupos activistas afirman que el legado de las políticas restrictivas de inmigración del gobierno del presidente Donald Trump hará especialmente difícil llegar a algunos inmigrantes.
En Florida, Maria Rodriguez, directora ejecutiva de la Coalición de Inmigrantes de Florida en Miami, dijo que persisten los temores en torno a la llamada regla de la carga pública del anterior gobierno, con la que se pretendía negar las tarjetas de residencia a inmigrantes que reciben cupones de alimentos u otras prestaciones públicas.
Aunque la regla de la carga pública nunca restringió al acceso a pruebas ni a vacunas relacionadas con enfermedades transmisibles y está siendo impugnada en tribunales, dijo Rodriguez, “no importa, la percepción aún persiste”.
El gobernador de Nebraska, Pete Ricketts, fue blanco de críticas recientemente cuando informó que los trabajadores con estatus legal tendrían prioridad en la campaña de vacunación del estado sobre los que carecieran de él cuando le preguntaron sobre el plan para proteger las instalaciones empacadoras de carne, que históricamente han dependido de la mano de obra extranjera. Sin embargo, al día siguiente Ricketts pareció retractarse e informó mediante su portavoz que la “prueba de ciudadanía no es requerida para la vacunación”, según el periódico Omaha-World Herald.
Blanca Flores, organizadora comunitaria en la Alianza Nacional de Campesinas, dijo que muchas de las mujeres con las que trabaja en las zonas rurales de Homestead, Florida, creen que toda información personal que proporcionen podría de alguna manera ser utilizada en su contra posteriormente. También les preocupa la posibilidad de tener que faltar algunos días al trabajo y posiblemente ser despedidas si sufren efectos secundarios adversos.
“Les gustaría esperar uno o dos meses para ver qué ocurre y tomar después una decisión”, dijo Flores, una inmigrante colombiana que tiene residencia legal.
Pero otros están ansiosos por vacunarse, quizá en un reflejo de la manera como las comunidades de inmigrantes latinos han sido asoladas en forma desproporcionada por el virus. En Nueva York, Francisco Flores, un inmigrante mexicano que perdió a un hermano, un cuñado y una cuñada por culpa del COVID-19, dijo que no dudaría en que le pongan la vacuna.
Flores, de 54 años y que ha vivido sin permiso en Estados Unidos durante más de dos décadas, tiene previsto inscribirse en la lista cuando pueda.
“El gobierno ya tiene mis datos. He estado aquí por mucho tiempo. Tengo licencia de manejo, cuentas bancarias. No tengo nada que temer”, dijo Flores, quien trabaja para una compañía que arregla campos de golf. “Y después de lo que hemos pasado con el COVID, no dudaría en vacunarme”.
