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Policía del Capitolio exonera a uno de sus agentes por muerte de insurrecta


Cientos de manifestantes irrumpen en el Capitolio y se enfrentan con la policía, tras un mitin frente a la Casa Blanca para impugnar la certificación de los resultados de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, el 6 de enero de 2021.
Cientos de manifestantes irrumpen en el Capitolio y se enfrentan con la policía, tras un mitin frente a la Casa Blanca para impugnar la certificación de los resultados de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, el 6 de enero de 2021.

Un informe interno concluye que el agente no cometió ninguna irregularidad. Ashli Babbitt falleció tras recibir un disparo cuando intentaba impedir, junto con cientos de seguidores del expresidente Trump, la certificación de la victoria electoral de Biden.

Una investigación interna de la Policía del Capitolio exoneró a uno de sus agentes por el tiroteo fatal de una mujer dentro del Congreso de Estados Unidos, el pasado 6 de enero, mientras ella y cientos de partidarios del entonces presidente Donald Trump intentaban evitar que los legisladores certificaran que el demócrata Joe Biden era el vencedor de los comicios de noviembre.

En abril pasado, las autoridades federales habían dicho que no presentarían cargos penales contra el agente, que nunca ha sido identificado públicamente, por su participación en el tiroteo de Ashli Babbitt, de 35 años, una veterana condecorada de la Fuerza Aérea que en los últimos años se había convertido en una acérrima seguidora de Trump.

Foto del carné de conducir del estado de Maryland de Ashli Babbit.
Foto del carné de conducir del estado de Maryland de Ashli Babbit.

El lunes, la agencia de policía responsable de la seguridad en el Capitolio dijo que también, en una investigación administrativa interna, había absuelto al oficial de irregularidades.

El oficial disparó a Babbitt momentos después de que otros alborotadores cercanos rompieran una puerta de vidrio a pocos pasos de la Cámara de Representantes mientras los legisladores se apresuraban a ponerse a salvo cuando se dieron cuenta de que los alborotadores habían franqueado la seguridad en el edificio mientras estaban en las etapas iniciales de certificar la victoria de Biden.

En un comunicado, la Policía del Capitolio dijo que su Oficina de Responsabilidad Profesional "determinó que la conducta del oficial era legal y estaba dentro de la política del departamento, que dice que un agente puede usar fuerza letal solo cuando el agente cree razonablemente que la acción es en defensa de la vida humana, incluida la vida del oficial, o en la defensa de cualquier persona en peligro inmediato de sufrir lesiones físicas graves".

Un símbolo de la polarización

Para algunos partidarios de Trump que intentan restar importancia al significado y la violencia de los disturbios del 6 de enero, Babbitt se ha convertido en una especie de heroína póstuma. En los últimos años, había publicado numerosos mensajes en las redes sociales expresando su apoyo a Trump y al movimiento de la teoría de la conspiración QAnon.

Un legislador republicano conservador, el representante Paul Gosar, calificó la muerte de Babbitt como "una ejecución" y acusó al oficial que le disparó de "estar al acecho" para hacerlo.

Las autoridades creen que unos 800 partidarios de Trump asaltaron el Capitolio el pasado 6 de enero, y algunos de ellos atacaron a las autoridades policiales, rompieron ventanas, saquearon oficinas del Congreso y se pelearon con la policía, 140 de los cuales resultaron heridos en el tumulto.

Muchos de los alborotadores se jactaron en las redes sociales de ocupar el Capitolio y fueron rápidamente identificados por sus amigos y familiares, así como por los investigadores de la policía.

Hasta la fecha, 615 personas han sido acusadas de una variedad de delitos penales, algunos tan leves como allanamiento de morada en un área segura, mientras que otros enfrentan cargos más serios que incluyen atacar a la policía o vandalizar el Capitolio. Alrededor de 40 se han declarado culpables hasta ahora, y algunos enfrentan sentencias de prisión de tres o cuatro años, mientras que a otros se les ha dado un período de prueba por delitos menores.

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