El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha acusado a más de 300 personas de participar en el asalto mortal al Capitolio por parte de seguidores del expresidente Donald Trump, y al menos 280 han sido arrestadas, dijo el fiscal general adjunto en funciones, John Carlin, a los reporteros el viernes.
"La investigación de los responsables avanza a una velocidad y escala sin precedentes, y con razón", dijo Carlin. "Los responsables deben rendir cuentas, y lo harán".
El jueves, la jefa interina de la policía del Capitolio, Yogananda Pittman, dijo a los legisladores que los partidarios de Trump habían indicado que tal vez deseen volar el edificio. Pittman expresó su preocupación ante el hecho de que los extremistas pudieran atentar contra el Congreso durante un discurso del presidente Joe Biden.
El viernes, un alto funcionario del FBI, en respuesta a preguntas sobre esa amenaza, dijo que la oficina está "observando muy de cerca cualquier reacción de individuos que muestre la intención de cometer un ataque o alguien que ya lo ha cometido".
El FBI ha estado investigando si grupos marginales de extrema derecha como Oath Keepers y Proud Boys conspiraron de antemano para impedir la certificación electoral.
Hasta ahora, al menos 18 miembros de los Proud Boys han sido acusados en relación con los disturbios. Este mes, los fiscales también acusaron a nueve asociados de los Oath Keepers en relación con un presunto complot para asaltar el Capitolio que data de noviembre de 2020.
El alto funcionario del FBI dijo a los periodistas que los extremistas nacionales han planteado cada vez más graves amenazas durante varios años, y dijo que las amenazas de los extremistas antigubernamentales marcaron la mayor amenaza en 2020 y siguen siendo una de las principales preocupaciones.
"2020 fue un año muy grande para nosotros. La reacción violenta a una mezcla de eventos que tuvieron lugar en todo el país no se parece a nada que hayamos visto en décadas", dijo el funcionario, y señaló que tres de los cuatro ataques terroristas domésticos fatales registrados en el país provinieron de personas que se adscriben a una "ideología extremista violenta contra el gobierno o contra la autoridad".
