![Inmigrantes indocumentados centroamericanos son retenidos cuando intentaban cruzar la frontera a Guatemala, en su intento por llegar a Estados Unidos. [Foto: Oscar Ortiz/VOA].](https://gdb.voanews.com/05f6dadd-73a3-4945-b254-1f29a6120b1d_w250_r1_s.jpg)
La contienda ha llegado a su fin. Y contrario a lo sucedido en el 2016, cuando el presidente Donald Trump se impuso por encima de las encuestas que lo ponían en un segundo lugar, esta vez las encuestas acertaron en sus pronósticos de que el demócrata Joe Biden se alzaría con la victoria. Aunque no sin antes superar una reñida contienda.
Ahora la atención del sur del Río Grande se centra en saber qué ofrece el presidente electo Joe Biden para América Latina. ¿Qué cambiará? ¿Qué continuará igual? ¿Cuál será la política migratoria? ¿Cuál será la postura ante Cuba, Venezuela y Nicaragua? ¿Qué tanta atención pondrá Washington a los retos económicos de la región tras una pandemia que ha devastado sus ya de por sí frágiles economías?
Venezuela, una prioridad
La crisis política y económica en Venezuela seguirá captando la atención de la Casa Blanca, pero con un enfoque ligeramente diferente. La administración Trump, al igual que Biden, consideraba que el pueblo venezolano “debe recuperar su democracia", respaldó a Juan Guaidó como presidente encargado y buscó cómo estrechar el cerco financiero y político a Caracas.
Trump impuso sanciones y las hizo efectivas castigando a quienes se atrevieran a violentarlas. Empresas de buques de varias nacionalidades fueron señaladas por transportar combustible iraní hacia Venezuela.
Biden mantendría esa misma presión. Pero al tiempo que presionaría al régimen del presidente en disputa Nicolás Maduro, buscaría establecer un “balance” promoviendo un “empoderamiento del pueblo venezolano”, explicó a la Voz de América Luisana Pérez, vocera del partido demócrata. El presidente electo desea crear las condiciones para que los venezolanos puedan jugar un papel en la restauración de la democracia.
A lo largo de la campaña electoral, miembros de la campaña de Biden señalaron a lo que fue la política de la administración de Barack Obama (2009-2017) hacia Cuba para ilustrar lo que sería su política con respecto a Venezuela.
En 2014, la administración Obama puso en marcha la reapertura diplomática y económica con la isla, algo que Trump deshizo en 2017. Los republicanos consideran que bajo un mandato demócrata podría ocurrir lo mismo con Venezuela.
Biden ha dicho que retomaría el mismo enfoque en sus relaciones con Cuba, aunque afirmó que esta vez sí pediría medidas de apertura democrática de La Habana, a diferencia de lo hecho en el 2014. No ha hablado de usar el mismo enfoque con Venezuela.
Coincidiendo con la estrategia de la administración Trump, el presidente del Comité Nacional Demócrata (DNC, por sus siglas en inglés), Tom Pérez, reconoció el pasado mes de agosto, en conversación con la VOA, la importancia de trabajar con "otros países", pero hizo énfasis en la necesidad de escuchar "a la gente" de Venezuela.
Protección a los migrantes venezolanos
Mientras los republicanos hicieron énfasis durante la campaña sobre el apoyo económico que Estados Unidos ha dado para atender las necesidades de millones de venezolanos dispersos por toda América del Sur, el demócrata prometió algo que interesa a miles de venezolanos que han buscado refugio en Estados Unidos. El presidente electo prometió aprobar un Estatus Temporal de Protección (TPS, por sus siglas en inglés) para los miles de venezolanos en Estados Unidos, algo que la administración Trump rehusó aprobar.
"Biden se comprometió a que, una vez esté en la oficina, va a firmar el TPS para los venezolanos", apuntaba Luisana Pérez en junio.
Pérez, el presidente del Partido Demócrata, destacó que el ahora inminente nuevo inquilino de la Casa Blanca considera que el apoyo a los venezolanos debe empezar en casa, mediante la concesión del TPS.
“Si Trump quiere ayudar a la comunidad de Venezuela aquí en Estados Unidos, lo puede hacer hoy. Tiene el poder para implementar el TPS para su gente de Venezuela”, afirmó Tom Pérez.
El caso nicaragüense
Nicaragua ha estado bajo la lupa de organismos internacionales y de derechos humanos desde la cruenta represión de las protestas de abril del 2018. Decenas de nicaragüenses siguen siendo perseguidos, arrestados y enjuiciados por su oposición al gobierno de Daniel Ortega, denuncia la comunidad internacional.
La administración Trump ha usado una fuerte retórica contra el gobierno de Ortega y ha promovido en la Organización de Estados Americanos (OEA) que se aplique a Nicaragua la Carta Democrática, un documento que estipula sanciones y hasta la suspensión de ese organismo, de cualquier país que violente las normas democráticas y de respeto a los derechos humanos.
De igual manera Washington impuso sanciones a más de una docena de funcionarios del gobierno de Ortega, incluyendo a la Policía Nacional y a varios de los hijos de Ortega, por su rol en la violación de los derechos humanos.
Biden afirmó que promoverá la democracia en Nicaragua, pero no ha especificado qué medidas tomaría. Algunos expertos consideran que un cambio en la Casa Blanca podría beneficiar a Nicaragua, otros opinan que no supondría una gran diferencia.
Centroamérica y la migración
La vocera demócrata Luisana Pérez dijo que el nuevo presidente "quiere encargarse de que el proceso de asilo continúe y que las personas puedan obtener ese estatus en Estados Unidos, si presentan pruebas de que están siendo perseguidos en sus países".
El demócrata prometió “humanizar” la política migratoria, permitiendo a los solicitantes de asilo político a esperar una respuesta en Estados Unidos, suspendiendo también la separación de las familias al retener a los hijos menores de edad separados de sus padres, entre otras medidas.
Biden “se asegurará de que los que buscan refugio en Estados Unidos sean tratados con dignidad y obtengan la audiencia justa que legalmente tienen derecho a recibir”, recaba su programa electoral.
No está claro qué pasaría con el proyecto, aún inconcluso, del muro fronterizo del cual Biden se distanció al decir que buscaría “asegurar la frontera (...), de una manera que sea humana y establezca un conjunto racional de reglas para los aspirantes a inmigrantes”. “Invertirá en tecnología inteligente en nuestros puertos de entrada y agilizará el sistema de asilo, contratando más jueces de inmigración y oficiales de asilo”, agrega su programa electoral.
El presidente electo, que calificó de “desastrosa” las políticas de Trump en este campo, prometió también promover una reforma integral del sistema de inmigración para crear un camino a la naturalización de los inmigrantes, a los que dice considerar parte "vital" de la economía estadounidense.
Biden también se comprometió a restablecer el programa de “Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) el cual estuvo en la mira del presidente Trump. La Corte Suprema de Justicia falló en contra de eliminar el programa, pero el gobierno puso nuevos obstáculos al negarse a aceptar nuevas solicitudes.
“La Administración Obama-Biden creó el programa de DACA para dar a los dreamers [soñadores] la oportunidad de continuar con sus vidas sin temor a ser deportados”, recogía el programa electoral de Biden, al tiempo que señalaba que sus planes pasarían por efectuar una reforma integral para nacionalizar a estos jóvenes que llegaron al país a una edad muy temprana.
Asistencia económica
Y para reducir la inmigración ilegal proveniente de Centroamérica, Biden ha prometido invertir en la región para crear fuentes de empleos de manera que los centroamericanos no tengan que buscar su prosperidad en Estados Unidos.
Trump lanzó un programa llamado “América Crece”, que busca catalizar la inversión en el sector privado y la infraestructura en América Latina y el Caribe. Consiste en invertir en Centroamérica para promocionar, junto al sector privado, la creación de empleos y la construcción de infraestructura productiva.
Biden considera lo hecho por Trump como “insuficiente”. Su propuesta consiste en invertir unos $4.000 millones de dólares en la región con el mismo objetivo de incentivar la inversión pública y privada que genere empleos y prosperidad.
Y pretende hacerlo de una forma que fortalezca la alianza con los países centroamericanos, en lugar de usar esos fondos como un instrumento de presión para que los países centroamericanos frenen la inmigración ilegal. Estados Unidos suspendió la ayuda a varios países centroamericanos para presionarlos a frenar las caravanas de indocumentados que se dirigían a la frontera sur estadounidense.
Luego que El Salvador, Guatemala y Honduras cedieran a las presiones estadounidenses, la ayuda fue restablecida. Recientemente, el Departamento de Estado anunció un aporte adicional de ayuda por $252 millones de dólares a esos tres países.
La asistencia económica a América Latina será de gran importancia especialmente en momentos en que el hemisferio experimenta una contracción económica ocasionada por la pandemia del coronavirus.
El Banco Mundial ha pronosticado que la economía en la región se contraerá en un 4,6%, por lo que la cooperación de Washington será crucial, logrando a la vez reducir la presión a emigrar y fortaleciendo los lazos con una región que en los últimos año no ha tenido claro si podía confiar en un país que se regía por la política de “Estados Unidos primero”.
