En las elecciones de medio término en EEUU el 8 de noviembre, más de 80 millones de electores votarán en un idioma que no es el inglés, gracias a una disposición federal que garantiza asistencia lingüística en el proceso electoral para ciertos grupos de personas.
“La idea fue integrar a los grupos que estaban históricamente excluidos del proceso electoral y la misión hacerlo más accesible para ellos”, dijo Gabe Osterhout, un investigador del Instituto de Política Idaho de la Universidad Estatal de Boise.
La Ley de Derechos de Votación original de 1965 se concentró principalmente en los afroestadounidenses del sur. La legislación fue ampliada en 1975 para incluir a ciertas minorías de diferentes idiomas como los pueblos indígenas, los latinos y los asiáticos.
Los materiales de información electoral en inglés son a veces una barrera que frena la capacidad de participación de algunos grupos.
Cada cinco años, la Oficina del Censo de EEUU determina qué grupos de minorías idiomáticas deben ser incluidos para recibir información electoral en su lengua primaria. Esas decisiones se basan en hasta qué punto más del 5 % de sus votantes elegibles en un área hablan un inglés limitado o si hay más de 10.000 votantes elegible en una jurisdicción con limitado dominio del inglés.
Las autoridades electorales locales deben ofrecer materiales de votación, incluso boletas, en esa segunda lengua.
En diciembre de 2021, la Oficina del Censo divulgó las 331 jurisdicciones que cumplían esos requisitos para las elecciones de medio término de 2022. Es el mayor número histórico, 68 más que en 2016.
La mayoría son condados y municipalidades, pero tres estados, California, la Florida y Texas, tienen que suministrar materiales de votación en español en cada elección estatal, incluso en ciertas localidades de esos estados donde no está requerido emitir boletas bilingües para sus elecciones locales.
Más de 80 millones de ciudadanos en edad de votar viven en áreas donde los funcionarios electorales deben suministrar asistencia lingüística.
Sin embargo, aunque el Departamento de Justicia dice que esas jurisdicciones tienen que cumplir las normas, no hay mecanismos establecidos para hacerlo cumplir.
“Si tratamos de analizar el impacto en la participación, no sabemos realmente quiénes están haciendo lo que deben hacer entre los condados incluidos, mientras por otro lado hay otras áreas, ciudades o pueblos que no están obligados a hacerlo y deciden emitir esos materiales”, dijo Osterhout.
Un análisis de datos de inscripción y votación desde noviembre de 1996 a 2000 reflejó pruebas de que las “disposiciones lingüísticas de la Ley de Derechos de Votación tuvieron efectos significativos y positivos en la participación de las minorías lingüísticas examinadas”.
Por ejemplo, los profesores Michael Jones-Correa e Israel Waismel-Manor encontraron que la participación entre los latinos fue un 11 % mayor en condados incluidos en los requisitos que en los condados donde no se proveyeron materiales y asistencia en español.
También la inscripción de votantes entre los latinos fue de un 15 % superior en los condados que ofrecieron asistencia.
Según Jim Tucker, asesor especial del Proyecto Derechos de Votación del Comité de Abogados por los Derechos Civiles Bajo la Ley, los requisitos de lenguaje no aumentan los costos en los condados señalados, porque estos están cubiertos por el gobierno federal.
La Ley de Derechos de Votación inicialmente debía expirar en 1970, pero ha sido reautorizada en cinco ocasiones con amplias mayorías bipartidistas. La más reciente fue en 2006 por 25 años.
“No es una situación que beneficie a algún partido en específico, porque puede observarse una gran diversidad en los puntos de vista políticos y en los candidatos que apoyan los votantes que reciben ayuda lingüística”, dijo Tucker.
Mary Brennan, una profesora de Historia en la Universidad del Estado de Texas, coincide en que es un error presumir que las personas que votan en diferentes idiomas tienen ciertas inclinaciones políticas.
“Hacemos presunciones de cómo van a votar la gente de otros idiomas. Decimos: ‘Son inmigrantes, van a votar demócrata’ … no debemos hacerlo”, dijo Brennan. “La gente que vota en la Florida puede ser muy conservadora”.
Para ella “es realmente peligroso presumir cómo la gente va a votar solamente porque lo hagan en otro idioma”.
En opinión de Osterhout, no es inútil el esfuerzo de dar una oportunidad a las personas para que voten en su propio idioma, incluso si no lo hacen.
“Hay un valor implícito en reconocer que existe un beneficio moral a hacer que voto se más accesible”, señaló.
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