El creciente número de personas que migran para buscar protección en países seguros, Estados Unidos como destino principal para escapar de redes de crimen organizado, pandillas, e incluso de persecución de agentes de estado en algunos “gobiernos autoritarios” en la región centroamericana es una realidad “que no se puede obviar”.
Es la conclusión de un equipo de expertos convocado por el Instituto de Políticas Migratorias (MPI). Los especialistas en temas como derechos humanos y migraciones compartieron sus valoraciones este martes luego de presentar el informe de la institución sobre “Vías humanitarias para personas centroamericanas, evaluando oportunidades para el futuro”.
El informe considera que “activar el reasentamiento de refugiados y otras vías de protección para los centroamericanos puede ser un desafío, pero los legisladores de EEUU, Canadá y otros países deberían considerarlo (para que tenga mayor alcance)... El proceso de reasentamiento de personas refugiadas ha sido un mecanismo utilizado de manera limitada para atender las necesidades de protección que existen en la región”, reza el estudio.
El reasentamiento se considera una forma de ubicar a una persona que está en peligro con el traslado a un sitio de protección, esto -según explicaron-, se debería lograr dentro de los países, pero en muchos casos las víctimas no gozan de esa seguridad, por lo que agencias internacionales como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) deben ponerse en acción.
Los procesos varían desde peticiones de protección en puntos fronterizos, bajo figura de asilo, o con la creación de centros de protección por ACNUR con apoyo de gobiernos y organizaciones de la sociedad civil.
A la vez considera importante materializar apoyos a la expansión de programas como el Acuerdo de Transferencia de Protección, que funcionan en paralelo al asilo.
¿Qué es el acuerdo?
Susan Fratzke, realizadora del informe junto a Andrea Tanco, dijo que es importante ampliar el apoyo a agencias y a organizaciones no gubernamentales en países de donde surgen las migraciones para quitar presión en las franjas fronterizas que podrían suplir las necesidades básicas de protección para personas en riesgo, mientras corre el trámite de proceso para reasentamiento.
Sin embargo, estas organizaciones trabajan con recursos limitados, y en casos extremos la persona no está segura en el entorno local, sino que debe salir del país para garantizar su integridad cuando se siente en peligro inminente.
El director de la organización Cristosal, Noah Bullock, de una red pro derechos humanos que trabaja en El Salvador, Guatemala y Honduras, dijo que en casos como El Salvador la “persecución por agentes del Estado” es cada día más notable y ya son varios los periodistas u opositores que se ven obligadas a salir del país para “garantizar su seguridad ante las amenazas que reciben”, por lo que dijo que los programas mismos ya no solo deben verse en forma lineal.
“En Guatemala y El Salvador han emergido formas y regimen autoritarios, y eso se convierte en factor de desplazamiento, ese autoritarismo de por sí en El Salvador y Guatemala, genera una mayor presión humanitaria para los que huyen incluso de persecución política”, dijo Bullock.
El procedimiento es efectivo en casos donde una persona perseguida logra entrar en un país vecino y de ahí canaliza la petición de protección “lo hemos visto en casos de exfiscales o jueces de Guatemala” que han logrado entrar a El Salvador y desde ahí procesan su petición para entrar a Estados Unidos", recordó.
Ambas gobiernos, de Alejandro Giammattei en Guatemala y Nayib Bukele en El Salvador han negado que en sus países haya persecusión contra opositores.
Tiempos de espera y falta de recursos
No obstante, para las investigadoras es claro que no todos los inmigrantes tienen los suficientes recursos para costear este tipo de procesos, por lo que piden que se revise la asequibilidad y reforzar a organizaciones para apoyarles mientras transcurre el trámite que puede demorar hasta 24 meses.
Según el estudio, las solicitudes de asilo aumentaron un 3.739 % entre 2015 y 2021, y los centroamericanos constituyen una gran parte de los solicitantes.
Y en Estados Unidos, los centroamericanos representaron el 44 % de todas las solicitudes de asilo presentadas en los tribunales de inmigración en el año fiscal 2021.
En conclusión las investigadoras sostienen en el informe que “Aunque no es probable que el reasentamiento sea una opción viable para la mayoría de las personas de la región que buscan seguridad, puede ser una herramienta valiosa, junto con los mecanismos de protección en el país y el desarrollo de capacidades de asilo, para brindar acceso a la protección a las personas que no pueden encontrar seguridad en su país de origen o en los países vecinos”.
La administración del presidente Joe Biden se propuso en 2021 ampliar el número de refugiados en Estados Unidos de unos 15.000 bajo el gobierno de su antecesor “a 62.500 para este año fiscal” según la Casa Blanca.
Pero las organizaciones no creen que esos números se hayan cumplido por múltiples factores entre estas la ralentización de los procesos en parte por efecto de la pandemia de Covid-19. Y ahora la prioridad que ha adquirido la guerra en Ucrania.
Sobre el fin del Titulo 42 el pasado 23 de mayo, oficiales de la administración Biden han indicado que las fuerzas de protección de fronteras están listas para detener y procesar hasta 18.000 migrantes al día durante el verano.
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