Un excongresista de Miami que firmó un contrato de consultoría de 50 millones de dólares con el gobierno socialista de Venezuela fue arrestado en relación con una investigación penal federal en curso, dijeron funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
David Rivera, un republicano que sirvió de 2011 a 2013, fue arrestado el lunes en el aeropuerto de Atlanta, dijo Marlene Rodríguez, vocera de la Oficina del Fiscal Federal en Miami. Rivera fue acusado formalmente por un gran jurado de Miami el mes pasado, pero ese documento permanece sellado y no pudo hablar sobre los cargos, informó.
La portavoz dijo que Rivera tuvo una aparición inicial el lunes en la corte federal de Atlanta. El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos dijo que el excongresista salió de la cárcel el lunes por la tarde.
Un abogado de Rivera, Jeffrey Feldman, se negó a comentar y le dijo a The Associated Press en un mensaje de texto que “no había visto la acusación”.
La presión se ha estado acumulando sobre Rivera durante más de dos años después de que se supo que recibió el jugoso contrato de una filial estadounidense de la compañía petrolera estatal de Venezuela (PDVSA) al mismo tiempo que el presidente Nicolás Maduro intentaba ganarse el favor de la Casa Blanca en los primeros días de la administración Trump
Interamerican Consulting de Rivera fue demandada en 2020 por PDV USA -una filial de Citgo de propiedad venezolana con sede en Delaware- alegando que el excongresista no realizó ningún trabajo como parte del contrato que firmó en 2017 por tres meses de "consultoría estratégica" destinada a construir puentes clave con partes interesadas de EEUU.
Rivera, de 57 años, ha mantenido su inocencia y ha contrademandado a PDV USA alegando incumplimiento de contrato y enriquecimiento injusto por no pagar los 30 millones de dólares que dice que aún le deben.
Aunque el contrato de Rivera era con una entidad estadounidense, cualquier trabajo que realizara en nombre del gobierno de Maduro o de los intereses comerciales venezolanos habría requerido que se registrara como cabildero extranjero, lo cual no hizo.
Los registros que surgieron como parte de la demanda muestran que el trabajo de consultoría de Rivera se realizó en conjunto con Raúl Gorrín, un magnate de los medios venezolanos que ha sido sancionado y acusado en EEUU por cargos de lavado de dinero.
La correspondencia presentada en la corte como parte de la demanda muestra que Rivera y Gorrín intentaron coordinar una reunión entre el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela y ejecutivos de la compañía petrolera estadounidense Exxon. Como parte de esa ofensiva de simpatía, también contrataron al representante Pete Sessions, cuyo antiguo distrito de Dallas fue sede de Exxon.
Rivera y Gorrín también hablaron sobre el cambio de precio de las entradas para conciertos que, según los abogados de PDV USA, eran referencias codificadas a un soborno.
Antes de ser elegido para el Congreso, Rivera fue un legislador de alto rango de Florida, sirviendo de 2003 a 2010 en la Cámara. Durante ese tiempo, compartió una casa en Tallahassee con el actual senador estadounidense Marco Rubio, quien finalmente se convirtió en presidente de la Cámara de Representantes de Florida.
Rivera se ha visto envuelto desde entonces en varias controversias relacionadas con las elecciones, incluida la orquestación de fondos clandestinos de un candidato demócrata desconocido para enfrentarse a su principal rival en una carrera por el Congreso en el sur de la Florida y una investigación estatal sobre si ocultó un contrato de 1 millón de dólares con una empresa de apuestas.
Esa investigación también involucró un posible mal uso de los fondos de la campaña para pagar las actividades de la Cámara de Representantes, ya reembolsadas por el estado.
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