¿Cómo lidiar con el estado mafioso de Venezuela después del 10 de enero?. Así se llamó el foro preparado para este viernes por el Center for Strategic and International Studies (CSIS), un centro de pensamiento en Washington, DC, donde el panel de expertos discutió las implicaciones políticas, diplomáticas e incluso legales posteriores a la toma de posesión de Nicolás Maduro para asumir un segundo mandato presidencial.
“Lo que pasó ayer -el 10 de enero- tiene el potencial de forjar el futuro del país y cómo la comunidad internacional va responder”, aseguró Moisés Rendón, director asociado del Programa para las Américas del CSIS y moderador del evento, al abrir el panel.
Aproximadamente unos 50 países no reconocieron las elecciones del pasado 20 de mayo, y por ende, aseguran que a partir de esta toma de posesión, Maduro no cuenta con legitimidad de origen.
Algunos ya han tomado medidas al respecto. Como es el caso de Perú, quien prohibió la entrada a su territorio a un número importante de funcionarios relacionados con el gobierno de Venezuela.
Paraguay hizo lo propio y cortó relaciones diplomáticas con el país sudamericano y cerró su embajada. Por su parte Argentina revocó la visa a integrantes de alto nivel del gobierno.
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Para responder a la premisa inicial y dar luz ante este panorama, estuvo presente William Brownfield, exsecretario de Estado Adjunto para la Lucha Antidrogas y Embajador en Venezuela, Colombia y Chile.
“El problema aquí es fundamentalmente la legitimidad del gobierno que se juramentó a él mismo por un segundo mandato ayer en Caracas”, apuntó Brownfield.
Desde el punto de vista legal, el embajador asegura que hay dos puntos en que la comunidad internacional puede decir, basado en las leyes internaciones, que un gobierno es ilegal.
Una de ellas, es por la manera en la que llega al poder y la otra cuando el gobierno o individuo que llega al poder a través de los canales democráticos, pero luego subsecuentemente actúa de manera no democrática y extra constitucional. Según la perspectivas de Brownfield, Maduro cumple ambas.
Para Fernando Cutz, exdirector para Sudamérica del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca y quien también formó parte del panel, lo que se vivió el día de ayer -10 de enero de 2019- comenzó en 2016 cuando la oposición venezolana pidió un referendo revocatorio en contra de Maduro, “las personas se estaban dando cuenta que era necesario un cambio”, aseguró.
Para Cutz, hasta ese momento era discutible que Maduro era un líder legítimo, pero el oficialismo le puso todas las trabas y el referendo nunca se dio. Luego vinieron las protestas por más de tres meses en 2017 y fue cuando EE.UU., recuerda Cutz, calificó por primera vez como “dictador” a Maduro. Hasta llegar a las elecciones de mayo de 2018.
Lo que ocurrió el 10 de enero de 2019, agrega, es una combinación de estos momentos y afirma que la respuesta de los países es el “reconocimiento internacional oficial del final de la democracia en Venezuela”. Sin embargo, Cutz apunta que en esta dinámica, los tiempos de la comunidad internacional y los venezolanos no siempre han concordado.
Además de las medidas anteriormente mencionadas, todas coherentes a lo acordado con la declaración del Grupo de Lima el pasado 4 de febrero, donde no reconocen este nuevo periodo presidencial y piden que se transfiera el poder a la Asamblea Nacional, la Organización de los Estados Americanos (OEA) tuvo una sesión extraordinaria en la que 19 de sus miembros votaron para condenar la situación en Venezuela y desconocer el segundo mandato que asumió Maduro.
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Para estos expertos, ambas declaraciones son buenas y demuestra una nueva línea de acción por parte de la comunidad internacional. Brownfield incluso calificó la del Grupo de Lima como “dura” y “justa” en el término de las conclusiones a las que llega y lo que piden. Sin embargo, ambos concuerdan que se podría llegar mucho más allá dentro del ámbito legal sin recurrir a la violencia.
El embajador pidió aún más respaldo a la Asamblea Nacional y un mayor rechazo al Tribunal Supremo de Justicia, pero dos de las propuestas que resaltó fueron: una mayor y mejor utilización de la diáspora venezolana en el mundo y una acción más contundente para brindar ayuda humanitaria al país, incluso llegando a la frontera y que sean los propios militares venezolanos quienes la rechacen.
Por su parte, Cutz, específicamente con el tema de la visas, llamó a apostar por un mayor aislamiento a Maduro, su círculo más cercano y todo aquel que tenga poder de decisión en el país. Para lograrlo, llamó a los países para que, dentro de las leyes locales, comiencen procesos legales para así poder emitir alertas rojas de Interpol.
Ambos concuerdan que la situación no es sencilla, pero que cualquiera sea el paso siguiente, no solo de EE.UU., sino en general, se debe pensar no solo en las implicaciones políticas, diplomáticas o legales, sino en las del mundo real, y cada país debe estar listo para respaldar dicha decisiones.
En el marco de esta discusión, el abogado constitucionalista venezolano, Gustavo Tarre, en entrevista para la Voz de América, explica que no hay un mandato constitucional claro ante la situación de la falta del presidente al no reconocerse las elecciones, por lo que solo existen interpretaciones.
Agrega que “los factores de poderes tienen un peso muy grande y no basta decir: yo asumo la presidencia”.
