La llave que abriría la puerta de un eventual gobierno de transición en Venezuela la tiene el Parlamento, según el plan propuesto por Estados Unidos. El detalle está en que la institución, de mayoría opositora, está bloqueada por un centenar de sentencias judiciales desde hace cuatro años.
Expertos en derecho constitucional opinan que destrabar la operatividad de la Asamblea Nacional venezolana pasa, ante todo, por la concreción de un acuerdo político con el madurismo y, luego, por una sentencia “rápida” del Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, que desamarre de golpe al organismo.
Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, anunció un plan para activar un gobierno de transición en Venezuela.
La iniciativa apunta a que el Parlamento elija a nuevos miembros del poder electoral y del TSJ y apruebe una ley de un “Consejo de Estado”, que encarnaría al poder ejecutivo.
La iniciativa, de 12 pasos, destaca como primera acción “el pleno retorno de todos los miembros de la Asamblea Nacional y que el Tribunal Supremo de Justicia retire la orden de desacato y restaure todos los poderes de la AN, incluyendo las inmunidades de los diputados”.
El Parlamento es, en el papel, determinante para el éxito del método propuesto por Washington y secundado por Juan Guaidó, presidente interino del país y dirigente del poder legislativo venezolano.
Laura Louza Scognamiglio, coordinadora de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia, precisa que las Salas Plena, Constitucional y Electoral del TSJ han dictado al menos 119 fallos en contra de la Asamblea Nacional desde enero de 2016, cuando se instaló como poder.
“Es un promedio de una sentencia en contra del Parlamento cada 15 días. Es una cifra impactante”, comenta la abogado y profesora de la Universidad Central de Venezuela a la Voz de América.
La oposición ganó 112 de 167 diputaciones en 2015, pero, un mes luego, la Sala Electoral del TSJ declaró el “desacato” de la directiva de la Asamblea Nacional por permitir la juramentación de tres diputados del estado Amazonas, acusados de triunfar en medio de un supuesto fraude electoral.
Ley inconstitucional
Louza Scognamiglio expresa que un pacto político precedería la reivindicación del Parlamento. Si ocurre, anticipa un fallo de fondo sobre la denuncia original contra la elección en Amazonas.
“Habría que desvestir el caso de fondo. Un juez diría que las pruebas (de fraude) no son válidas y que son inconstitucionales y fallaría que esos diputados fueron elegidos”, explica a la VOA.
Difiere de la noción de Washington de que la transición requerirá una ley para regular el Consejo de Estado que administraría el poder ejecutivo. Opina que una enmienda o un agregado a las disposiciones transitorias de la Constitución sería lo más recomendable.
Comenta que la Carta Magna contempla al Consejo de Estado como un órgano asesor del ejecutivo, mas no de poder. Estados Unidos, a su juicio, propone la figura de un “Consejo de Gobierno”.
“Esa ley que se plantea podría ser inconstitucional”, advierte.
Louza Scognamiglio evalúa que la propuesta estadounidense debe añadir la urgencia de renovar las designaciones del Poder Ciudadano, necesario para renovar los poderes electoral y judicial.
Ese procedimiento, calcula, tomaría entre dos o tres meses.
Acceso a la Justicia ha propuesto en el pasado que una comisión internacional, integrada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones y organizaciones no gubernamentales revisen los pasos legales a tomar en una transición.
Cree que un acuerdo político con el madurismo que controla el TSJ “no es viable” por los momentos sin un pacto previo con las verdaderas cabezas del oficialismo, hoy en el ejecutivo.
Desamarre "rápido"
Juan Manuel Rafalli, abogado experto en derecho constitucional, concuerda con el pronóstico de que desenmarañar los amarres judiciales del Parlamento no sería complejo.
“La manera de levantar el desacato es muy rápida y fácil: declarar sin lugar el recurso contencioso de nulidad del proceso electoral de Amazonas, incluso sin pronunciarse sobre el fondo. Lo difícil no es el vehículo jurídico para levantar el desacato, sino que lleguen a un acuerdo político”, examina.
Rafalli asegura que la primera sentencia contra el Parlamento es “el hazmerreír” de los corredores judiciales del mundo, que tuvo, a su entender, consecuencias “devastadoras” contra el único poder público con representantes electos en cada jurisdicción territorial de Venezuela.
Recuerda que el desacato a una orden de amparo constitucional cautelar no puede ser colectivo, contra una institución en pleno. “No tiene base jurídica”, remarca.
Cree que un gobierno de transición debe ser producto de un acuerdo político, validado por todos los poderes públicos y además por la Fuerza Armada.
“Ese acuerdo obviamente implica el reconocimiento de las plenas facultades de la Asamblea Nacional. Si no, quedaríamos en lo mismo”, puntualiza.
Rafalli dice que, por ejemplo, las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el presidente del Tribunal Supremo no le impiden participar en una eventual transición.
“El Consejo de Estado está regulado constitucionalmente y el presidente del TSJ tiene que estar presente. La decisión del Departamento de Justicia de Estados Unidos no tiene efectos extraterritoriales. No altera ni inhabilita la posición de Moreno en Venezuela”, comenta.
El abogado explica que una transición en Venezuela solo podría darse con el abandono del cargo de Nicolás Maduro y de su vicepresidenta, Delcy Rodríguez.
“Se produciría una recomposición dentro de los términos de la Constitución. Se ve poco factible y habría que aplicar el artículo 333, que señala que todos tenemos el deber de restituir el orden constitucional”, señala.
Derecho sin peso
La falta de transparencia en las negociaciones sobre los pasos a seguir en la transición preocupa a Juan Berríos Ortigoza, abogado y profesor de derecho constitucional de la Universidad del Zulia.
Admite que no está seguro de si la reactivación fáctica del Parlamento es un asunto prioritario.
“Otros actores han intervenido en el problema y eso ha complejizado el problema. No sabemos si va a ser un punto tan importante como el hecho de que haya una flexibilización de las sanciones por el otro lado. No sabemos si es un equivalente o una contraprestación”, apunta.
Berríos Ortigoza cree que la transición debe involucrar a la ciudadanía, entre la que cita a voceros de gremios profesionales, las iglesias y las universidades, y no solo a “las élites que se pugnan el poder”.
Coincide con sus colegas Louza Scognamiglio y Rafalli en que el camino hacia una transición no es un dilema exclusivamente jurídico. “No pasa por allí. Pasa por un acuerdo político”, asegura.
Subraya que el escenario político actual no es el mismo que cuando inició el “bloqueo” del Parlamento en 2016. Desde entonces, el involucramiento de países como Estados Unidos, Rusia y China se ha incrementado a favor del madurismo y de la oposición venezolana, indica.
“El elemento jurídico ha perdido demasiado peso”, concluye.
