![Algunos pobladores deben viajar horas en lancha para llegar a la ciudad de Bluefields, Nicaragua, para obtener una vacuna contra el COVID-19. [Foto: VOA/Houston Castillo]](https://gdb.voanews.com/8ca1872f-aab4-4e30-a50c-8f751ec45108_w250_r1_s.jpg)
Harriet Rodríguez, una indígena nicaragüense originaria de la comunidad Karawala, viajó más de un día para recorrer unos 100 kilómetros desde su comunidad hasta Bluefields, en el Caribe Sur, para vacunarse contra el COVID-19.
Rodríguez acudió a uno de los cuatro puestos de vacunación que habilitó el Ministerio de Salud en el Caribe Sur de Nicaragua este miércoles. Las filas eran extensas antes de iniciar la jornada por el temor de las personas a quedarse sin su dosis de AstraZeneca -la única vacuna que se está aplicando en el país. El gobierno solo envió una brigada para aplicar la inoculación por un día.
En el Caribe nicaragüense se encuentran ubicadas las principales comunidades indígenas y afrodescendientes del país, quienes a lo largo de la historia han denunciado el abandono del Estado y aseguran que el caso de la pandemia no ha sido la excepción.
Rodríguez no lo pensó dos veces para vacunarse luego de los estragos que causó la pandemia con su familia en 2020, cuando el coronavirus llegó al Caribe y azotó las comunidades indígenas. La mujer perdió a siete miembros de su familia por COVID-19 en un solo mes, incluyendo a sus padres.
“El virus nos destrozó el hogar y económicamente nos dejó casi al suelo porque los medicamentos eran caros, el oxígeno y todo lo que se usó; por otro lado, el dolor de no despedirlos de la forma tradicional”, lamentó la mujer indígena a VOA.
“Todo el mundo está desesperado por su vacuna”, enfatiza la mujer, que llegó acompañada por otros comunitarios de la zona a la ciudad de Bluefields, cabecera de la Región autónoma de la Costa Caribe Sur y donde llegaron las brigadas médicas.
Comunidades indígenas en el abandono
En medio de la jornada de vacunación, algunos líderes indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe denuncian que sus territorios no han sido priorizados por el Estado.
Dolene Miller, una activista reconocida en la zona, señala que la forma en que el gobierno ha actuado para atender la emergencia de covid a nivel regional devela que no hay un plan para atender a la población de forma segura.
Miller criticó las aglomeraciones en los puntos que fueron habilitados, un hecho que se dio en el pacífico de Nicaragua, lo que generó otras críticas a la administración de Ortega.
![Dolene Miller, activista nicaragüense, conversa con la Voz de América. [Foto: VOA/Houston Castillo]](https://gdb.voanews.com/287A0FC8-FBE8-4300-8D02-82ADA30B9186_w250_r1.jpg)
“Somos una comunidad pequeña con apenas 60.000 habitantes y atender esta situación de emergencia es una prioridad para nuestra población afectada fuertemente por la pandemia”, señaló.
Miller dijo que al inicio de la pandemia había mucho desconocimiento en los pobladores de las comunidades indígenas cuando se dieron los primeros casos de coronavirus.
Debido a que el Caribe es una de las zonas donde más llueve en el país, muchas personas asociaban los síntomas del COVID-19 a una gripe común, pero cuando comenzó a haber bastantes muertos, se recurrió a la medicina tradicional, explicó Miller.
“Esto ha sido un reto. Es una enfermedad de la que lamentablemente no teníamos precedente. No sabíamos cómo enfrentarlo. No había información oficial del gobierno sobre la pandemia. No había afiches en idiomas indígenas para alertar a los pobladores”, dijo.
Meta de vacunación
El gobierno del presidente Daniel Ortega inició la jornada de vacunación para las personas mayores de 30 años desde el 20 de septiembre, lo que colapsó los puntos donde se aplicó la dosis de AstraZeneca.
Anteriormente las vacunas estaban disponibles para personas con enfermedades crónicas y para personas mayores de 45 años.
Según las autoridades nicaragüenses, criticadas por secretismo en el manejo de la pandemia, tienen como meta vacunar a 2,8 millones de personas, equivalente al 43,8% de los 6,5 millones de habitantes del país.
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