Tibisay Lucena, quien durante 14 años estuvo al frente del organismo electoral de Venezuela y recibió críticas internas y extranjeras ante las dudas de imparcialidad de los procesos electorales, falleció el miércoles, informó el gobierno. Tenía 63 años.
La funcionaria vinculada por años al oficialismo ocupaba el cargo de ministra de Educación Universitaria del gobierno del presidente Nicolás Maduro desde el 19 de octubre de 2021.
Ni las autoridades venezolanas ni sus familiares han mencionado la causa de la muerte de la también socióloga, que, según reportes de prensa, por años mantuvo una lucha contra un cáncer.
En momentos de turbulencia política, estuvo al frente del organismo electoral. "No como una técnica, sino como una demócrata profunda”, dijo la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, durante las exequias en la capilla ardiente en la sede de la Cancillería de Caracas. Rodríguez fue quien dio la noticia de la muerte de Lucena a través de Twitter.
Bajo la presidencia de Lucena (2006-2020), cuatro de los cinco directores del CNE eran personas cercanas al gobierno y fueron repetidamente acusados de fijar las fechas de las elecciones y las condiciones electorales para acomodarlas a los objetivos políticos del Ejecutivo. En los comicios presidenciales de mayo de 2018, varios de los candidatos más populares y partidos opositores fueron inhabilitados de participar.
Bajo su gestión, “dio a luz a un nuevo sistema electoral, profundamente democrático”, insistió la vicepresidenta.
Sin embargo, en 2017, Washington sancionó a Lucena, junto a una docena de funcionarios y ex colaboradores del gobierno de Maduro, acusados de minar la democracia en Venezuela, antes de la elección de una Asamblea constituyente que generó gran polémica dentro y fuera de las fronteras venezolanas.
La oposición denunció entonces que la convocatoria al proceso constituyente, como la elección de sus miembros, violaba la Carta Magna. Una vez instalada, la Constituyente dejó claro que sus poderes eran virtualmente ilimitados y asumió las competencias legislativas de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora.
Meses más tarde, a principios de 2018, la Unión Europea cuestionó también a la funcionaria, acusándola de estar involucrada en actividades que vulneran los principios democráticos y en violaciones de los derechos humanos.
La Constituyente cesó sus funciones sin redactar una nueva carta magna y sin siquiera introducir alguna reforma.
Las medidas estadounidenses contra el propio Maduro y sus más cercanos colaboradores se fueron acumulando en los años siguientes para presionar al mandatario en el poder, argumentando que fue reelecto en 2018 en unos comicios fraudulentos.
Muchos venezolanos, entre ellos, críticos del gobierno de Maduro y de su predecesor, el fallecido presidente Hugo Chávez, dudan de la pulcritud de los comicios en Venezuela. También desconfían de la mayoría de los actuales miembros de la directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE).
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