Al menos 18 personas han muerto bajo la tutela del Estado salvadoreño durante los poco más de dos meses de un polémico régimen de excepción que busca combatir a las pandillas en el país centroamericano, de acuerdo a una investigación divulgada el jueves por Amnistía Internacional (AI).
El organismo, con sede en Londres, agregó que las autoridades han cometido "violaciones masivas de derechos humanos", entre ellas miles de detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso de los imputados, tortura y malos tratos al interior de los centros de detención contra personas procesadas por pertenecer o colaborar con las maras.
A mediados de mayo, Reuters reportó que, en medio del estado de excepción, la fuerza pública detuvo a decenas de inocentes acusados de pertenecer a las pandillas para cumplir con cuotas de capturas impuestas por sus superiores.
"Hasta el 28 de mayo, se reportaban al menos 18 personas muertes bajo tutela del Estado durante el régimen de excepción. Dada las precarias condiciones carcelarias, existe el temor fundado de que el número de víctimas fatales pudiese incrementar en los siguientes días", dijo AI en un comunicado.
Los números están basados en reportes de la ONG centroamericana Cristosal, que señaló que el total de fallecidos son hombres y que algunos murieron por falta de atención médica oportuna y otros presentaron signos de agresión, como moretones. Todos fallecieron en hospitales o camino a ellos.
El Ministerio de Justicia y Seguridad, la policía y el ejército no respondieron de inmediato a una solicitud de Reuters sobre el contenido del informe de AI.
En la víspera, en un discurso por su tercer año de mandato, el presidente Nayib Bukele aseguró que su gobierno está a punto de "ganar la guerra contra las pandillas" y cuestionó a quienes han señalado abusos de autoridad y violaciones a los derechos humanos durante el estado de emergencia.
"Digan lo que digan, hagan lo que hagan, escriban lo que escriban, ataquen una y otra vez, les digo: no nos van a detener. Tenemos a Dios y al pueblo salvadoreño de nuestro lado", afirmó el gobernante, quien asumió en junio de 2019.
El estado de emergencia ha sido prorrogado en dos ocasiones por los diputados oficialistas, mientras que más del 70% de los salvadoreños avalan la medida contra los grupos criminales, según tres diferentes encuestas.
A fines de marzo, Bukele pidió al Congreso declarar un régimen de excepción, que suspende algunas garantías constitucionales, luego de un repunte histórico de los homicidios.
Sin embargo, las medidas tomadas han despertado la crítica de diversos organismos de derechos humanos, como AI, Human Rights Watch y otros, que consideran que se están violando los derechos humanos al apresar a miles de inocentes, en un intento por no perjudicar el plan de seguridad del popular mandatario, que logró reducir drásticamente los crímenes de las maras.
En su informe, AI denunció que las autoridades salvadoreñas han limitado el derecho a la defensa, la presunción de inocencia y el acceso a un juez independiente, además de realizar detenciones sin el cumplimiento de requisitos legales y audiencias con hasta 500 acusados a la vez.
Desde el 27 de marzo hasta el momento, la policía y el ejército han detenido a más de 36.000 personas acusadas de pertenecer a las pandillas, entre ellos, 1.190 menores de 18 años, según cifras oficiales.
Surgidas en Estados Unidos tras la guerra civil de El Salvador (1979-1992), las pandillas se extendieron por Centroamérica y parte de México, donde controlan las extorsiones y la venta de droga. En El Salvador, autoridades estiman que más de 70.000 personas integran la Mara Salvatrucha; su rival, Barrio 18; y otras pandillas más pequeñas.
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