La expresidenta y actual vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, señaló el viernes que “acaban de proscribirme” luego de que un tribunal difundiera la víspera los fundamentos de la sentencia a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos por el delito de administración fraudulenta.
“Lo de los fundamentos de ayer (por jueves), más que fundamentos, es un eufemismo. Millones de palabras y adjetivos, ninguna prueba y un solo objetivo: la proscripción”, dijo Fernández de Kirchner tras recibir el Doctorado Honoris Causa de la universidad nacional de Río Negro, en la Patagonia argentina.
A finales de 2022, un tribunal federal condenó a la exmandataria a seis años de prisión por una defraudación al Estado equivalente a unos 400 millones de dólares de hoy en obras viales entre 2003 y 2015. Al tratarse de la máxima pena prevista por el Código penal para ese delito, la corte también la inhabilitó de por vida para ocupar cargos públicos.
El jueves los jueces que condenaron a Fernández de Kirchner dieron a conocer los fundamentos de su sentencia, paso procesal que abre formalmente la instancia de apelación.
Según los magistrados, se trató “de un grave hecho de corrupción sin precedentes, cometido desde la primera línea del Estado Nacional” y que, por ello mismo, “creemos que la justa sanción para tamaño suceso debería superar con creces el máximo de la escala penal habilitada por ley”.
La dirigente de centro-izquierda además de proclamar su inocencia, consideró que la condena tiene como propósito sacarla del juego político de cara a las elecciones generales de octubre.
“Ayer (por jueves) acaban de proscribirme”, insistió. “Creo que el que mejor lo dijo fue el ministro del Interior (Wado de Pedro): han reemplazado el Código electoral por el Código penal. Esta es la verdad”.
Desde lo reglamentario, la vicepresidenta podría postularse para cualquier cargo y ser electa, pero si la Corte Suprema confirma la sentencia –algo que no tiene fecha—no podrá ejercerlo.
Según el tribunal que la juzgó, durante el juicio oral quedó acreditada “la intervención en la maniobra de integrantes de las más altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional... En convivencia con un empresario de la construcción dedicado a la obra pública, con el propósito de asegurarle un beneficio económico tanto a éste como a la sociedad conyugal integrada por los expresidentes Néstor Kirchner (2003-2007) –fallecido en 2010-- y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015)”.
Lázaro Báez, el responsable de la empresa favorecida con 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz, “cobraba irregularmente montos millonarios del Estado nacional y luego los destinaba a operaciones privadas con la expresidenta de la Nación, quien permitió y facilitó la erogación de ese dinero guiada por un claro interés personal”.
Para el tribunal, “los hechos de corrupción como los que aquí juzgamos afectan y ponen en jaque al sistema democrático” y “deben ser castigados con esa misma intensidad”.
La vicepresidenta se considera una perseguida de sectores judiciales confabulados con su sucesor en el poder, el expresidente conservador Mauricio Macri (2015-2019), para socavar su popularidad, apartarla de la escena política y proscribir al kirchnerismo.
“Hoy, a 40 años de la democracia, creo que lo que estamos viviendo en materia de división de poderes, cuando vemos al sector más importante de la oposición aliado con el Poder Judicial, creo que hoy no estamos ante un Estado democrático constitucional”, cerró Fernández de Kirchner.
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