El presidente de Argentina, Alberto Fernández, recortó el jueves mediante un decreto las tareas de la agencia de inteligencia, tras considerar que desarrolló lazos espurios con la Justicia al poder participar como auxiliar en investigaciones criminales.
En otro decreto publicado en el Boletín Oficial, el mandatario también ordenó desclasificar la información sobre el ataque a un centro judío en 1994 resguardada por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
Los servicios de inteligencia argentinos han sido cuestionados históricamente por ser un instrumento del gobierno de turno para operar contra los que le son contrarios y contener facciones enfrentadas que favorecen a distintos sectores de poder. Diversas reformas emprendidas en el seno de la agencia para limpiar su imagen han resultado infructuosas.
En la modificación a la ley de inteligencia, el Ejecutivo señala necesario limitar el “resquicio legal que permitió generar y retroalimentar vínculos espurios” entre la AFI y algunos sectores de la Justicia, lo que consideró una “inadecuada intromisión que ha afectado en múltiples casos la necesaria independencia judicial”.
También prohíbe a los agentes realizar “tareas represivas” y obtener información sobre personas por “el solo hecho de su raza, fe religiosa... opinión política y de adhesión a organizaciones partidarias, sociales, sindicales y comunitarias”, así como influir en la situación institucional, política, militar, policial, social y económica del país.
El gobierno intervino la AFI en diciembre para analizar su funcionamiento y el uso de sus gastos reservados y con el argumento de que operó durante el mandato del anterior gobierno del presidente Mauricio Macri (2015-2019) en el armado de causas judiciales para perseguir a los entonces opositores, hoy en el poder.
En el marco de la otra medida, el presidente dispuso la desclasificación de toda la información relacionada con el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido en Buenos Aires hace 25 años, especialmente la proporcionada por la agencia de inteligencia.
La investigación de ese ataque que causó 85 muertos y que la justicia argentina atribuye a Irán estuvo salpicada de irregularidades. El extitular de los servicios de inteligencia Hugo Anzorreguy y el juez original de la investigación Juan José Galeano fueron condenados en 2019 a varios años de prisión por la desviación de la investigación del hecho.
La desclasificación, según el decreto, incluye “los legajos de investigación y la totalidad de la información brindada desde el Estado Nacional en las audiencias de los juicios realizados”.
El presidente argumentó que persisten obstáculos para un acceso al derecho a la información y a la verdad sobre el atentado por el que están imputados varios exfuncionarios iraníes y cuya autoría niega Irán.
Fernández dispuso que se resguardará la identidad de los agentes que declararon ante la justicia y la de representantes y agentes de inteligencia extranjeros.
