Una jueza estadounidense fijó para marzo de 2020 el juicio a un iraní acusado por Estados Unidos de desviar y lavar dinero venezolano que iba a ser destinado a construir un proyecto de viviendas en el país sudamericano.
El banquero Ali Sadr, de 38 años, está acusado de evadir sanciones económicas al desviar a través del sistema bancario estadounidense más de 115 millones de dólares que le pagó el gobierno venezolano para la construcción de 7.000 viviendas. Parte del dinero fue invertido en compras de casas en California, aseguran fiscales estadounidenses.
Estados Unidos considera a Irán una amenaza y por ese motivo impuso hace años un embargo que prohíbe transacciones financieras en Estados Unidos que beneficien económicamente a ciudadanos iraníes.
La juez Alison Nathan fijó el lunes 2 de marzo de 2020 como fecha de inicio del juicio a Sadr, que se llevará a cabo en la corte federal del distrito sur de Nueva York.
Sadr, quien fue arrestado en un aeropuerto de Virginia en marzo de 2018 y más tarde quedó libre bajo fianza, está acusado de trasladar ilegalmente el dinero a través de una compleja red de empresas fantasma y cuentas bancarias extranjeras.
Cuando se anunció la acusación formal contra Sadr en 2018 el fiscal federal Geoffrey Berman dijo que el arresto del iraní “demuestra que las sanciones económicas estadounidenses contra Irán son reales y los violadores serán expuestos y sometidos a la justicia”.
El iraní, que enfrenta 30 años en prisión, controlaba junto a su familia el Stratus Group, un conglomerado que se dedicaba al sector de la construcción, el petróleo y la banca.
Según la acusación estadounidense, en diciembre de 2006 una empresa creada por el Stratus Group negoció con Venezuela la construcción del proyecto de viviendas a cambio de 475 millones de dólares. Sin embargo, a través de los años, mientras Sadr transfería el dinero venezolano por el sistema bancario estadounidense en su beneficio, maquinaba formas de esconder el papel de Irán en las transacciones, aseguran los fiscales estadounidenses.
La acusación formal contra el iraní menciona como en agosto de 2004 Irán y Venezuela firmaron un acuerdo para cooperar en áreas de interés común. Un año después el gobierno de Hugo Chávez y el de Irán acordaron trabajar juntos para la construcción del proyecto de viviendas, que no es identificado por su nombre en los documentos judiciales estadounidenses.
Sadr también era el presidente y dueño del banco maltés Pilatus Bank, que cerró sus puertas tras las acusaciones estadounidenses en su contra. El banco enfrentaba además sus propias acusaciones de haber procesado pagos corruptos a funcionarios malteses.
