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La Justicia perseguirá a funcionarios "a cualquier nivel" vinculados con el asalto al Capitolio


El fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, habla en el Departamento de Justicia en Washington, el 5 de enero de 2022, antes del primer aniversario del ataque al Capitolio de los Estados Unidos por partidarios del entonces presidente Donald Trump.
El fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, habla en el Departamento de Justicia en Washington, el 5 de enero de 2022, antes del primer aniversario del ataque al Capitolio de los Estados Unidos por partidarios del entonces presidente Donald Trump.

El Departamento de Justicia no ha dado ninguna indicación pública de hasta qué punto podría intentar responsabilizar a Trump y sus aliados políticos por los disturbios.

El secretario de Justicia de Estados Unidos, Merrick Garland, se comprometió el miércoles a que los fiscales de su departamento perseguirán a los funcionarios "a cualquier nivel" responsables de los disturbios del pasado 6 de enero por partidarios del entonces presidente Donald Trump, en el Capitolio de Estados Unidos.

"Seguiremos los hechos donde sea que nos lleven (...) el tiempo que sea necesario", dijo Garland a los abogados y al personal del Departamento de Justicia, en una comparecencia televisada, un día antes del primer aniversario del asalto del Capitolio, el edificio que se ve como símbolo de la democracia estadounidense.

Garland dijo que más de 700 personas que participaron en los disturbios fueron arrestadas, algunas acusadas de agredir a la policía, romper ventanas y puertas y saquear oficinas del Congreso, lo que retrasó a los legisladores a certificar que Trump había perdido su candidatura a la reelección de 2020.

Garland no nombró ningún objetivo de la investigación en curso, pero dijo: "Las acciones que hemos tomado hasta ahora no serán las últimas". “No puede haber reglas diferentes para los poderosos y los que no tienen poder”, agregó.

Algunos legisladores demócratas comenzaron a quejarse del ritmo de la investigación y pidieron que Trump y sus asesores clave rindan cuentas por sus intentos el 6 de enero pasado de bloquear la ratificación por parte del Congreso de que el demócrata Joe Biden había ganado las elecciones presidenciales de noviembre.

Pero Garland observó que "no surge de repente un informe completo" de cómo se planeó y se desarrolló el asalto al Capitolio. Aseguró que los fiscales no tienen agenda ni suposiciones, pero "no tienen mayor prioridad" que aprender todo lo que puedan sobre el motín.

"Seguiremos el dinero (...) seguiremos los hechos", adelantó Garland.

El Departamento de Justicia no ha dado ninguna indicación pública de hasta qué punto podría intentar responsabilizar a Trump y sus aliados políticos por los disturbios.

En un mitin cerca de la Casa Blanca el 6 de enero de 2021, antes de que se desarrollaran los disturbios, Trump instó a miles de simpatizantes a ir al Capitolio y "luchar como el infierno" para evitar que los legisladores certificaran la victoria de Biden.

Trump hizo la afirmación infundada en el mitin -como lo sigue haciendo hasta el día de hoy- de que el recuento de votos fue fraudulento y le privó de un segundo mandato de cuatro años. Numerosas auditorías en estados clave en el campo de la batalla política han demostrado que los recuentos de votos iniciales fueron muy precisos y que cualquier error puntual no habría cambiado el resultado a favor de Trump.

Comité de investigación con "interés vital único"

Un comité especial de la Cámara de Representantes está investigando el asalto y mantiene una disputa legal con Trump sobre si debe entregar registros de llamadas telefónicas y documentos que podrían arrojar luz sobre sus acciones antes y durante el caos en el Capitolio.

Un tribunal de apelaciones de EE. UU. en Washington DC dictaminó que el comité de investigación tiene un "interés vital único" en ver cualquier documento relacionado con el motín y su planificación. Sin embargo, Trump apeló a la Corte Suprema de EE. UU. para que revoque el fallo del tribunal inferior, argumentando que los documentos de la Casa Blanca deben protegerse de la divulgación pública.

El presidente del comité, el congresista demócrata Bennie Thompson, dijo en diversos programas de entrevistas el domingo que el comité de nueve miembros está particularmente interesado en saber por qué Trump se resistió a las súplicas de su hija, Ivanka Trump, los legisladores republicanos y los funcionarios de la Administración Trump durante más de tres horas para que pusiera fin a la protesta.

Finalmente, Trump lanzó un video corto en el que pedía a los alborotadores que abandonaran el Capitolio, y agregó: “Los amamos; son muy especiales".

En el video, Trump mencionó la falsa teoría de la conspiración de que en realidad ganó las elecciones, diciendo: "Conozco su dolor; sé que están heridos. Tuvimos una elección que nos fue robada. Fue una elección aplastante, y todos lo saben. Especialmente del otro lado. Pero tienen que irse a casa ahora. Tenemos que tener paz ".

Después de que el Capitolio fue despejado de manifestantes, el Congreso certificó la victoria electoral de Biden en las primeras horas del 7 de enero.

Trump anunció inicialmente que celebraría una conferencia de prensa el jueves en el primer aniversario de los disturbios, pero la canceló el martes por la noche y dijo que hablará sobre ello en un mitin político el 15 de enero. Trump dice que está considerando armar un equipo de campaña para recuperar la Casa Blanca en el 2024.

De las más de 725 personas arrestadas hasta ahora, 225 han sido acusadas de agresión o resistencia al arresto. Más de 75 de ellos fueron acusados de utilizar un arma mortal o peligrosa contra agentes de policía. Los fiscales dicen que 140 policías del Capitolio de los Estados Unidos y policías de la Ciudad de Washington resultaron heridos durante el ataque.

Hasta ahora, los fiscales en Washington dicen que unas 165 personas se han declarado culpables de una variedad de cargos federales, desde delitos menores hasta obstrucción por delitos graves, con 70 acusados recibiendo algún tipo de sentencia. De ellos, 31 personas fueron encarceladas y 18 fueron condenadas a detención domiciliaria, y los 21 acusados restantes fueron puestos en libertad condicional.

Algunos juicios de los acusados que impugnan los cargos en su contra están programados para el próximo mes.

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