El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció el miércoles el inicio de una investigación, por presunto “fraude”, contra los organizadores de la primaria presidencial de la oposición celebrada el domingo.
De acuerdo a Saab, en el proceso en el que la candidata María Corina Machado ganó con el 92,35 % de los votos, pudieron cometerse los delitos de “usurpación de funciones electorales”, “usurpación de identidad”, “legitimación de capitales y asociación para delinquir”.
El fiscal calificó la primaria como un “acto bufo” e informó que citarán a declarar a Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primaria (CNdP), ente rector del proceso; a Mildred Camero, vicepresidenta de la CNdP; a los directivos de Súmate, una organización con capacidad técnica para facilitar procesos de participación ciudadana y a los presidentes de las juntas regionales.
El anuncio de la investigación ocurre horas después de que el diputado de la Asamblea Nacional de mayoría oficialista, José Brito, a quien la oposición considera aliado del chavismo, introdujo ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un recurso contencioso para revisar supuestas irregularidades.
Además, el fiscal se refirió a las denuncias de Nelson Rampersad, uno de los miembros de la comisión técnica de la primaria, quien aseguró que las cifras fueron “abultadas” y que, según sus estimaciones, no votaron más de 500.000 personas.
Según el último boletín de la CNdP divulgado el martes por la noche, hubo una participación de al menos 2.440.415 personas.
“Es un fraude. ¿Quién financió eso?, ¿quiénes estuvieron detrás de ello?, ¿por qué no se atendió a las denuncias que realizaron los propios miembros de la Comisión Nacional de las Primarias, autodenominada así?”, se preguntó Saab en conferencia de prensa el miércoles.
Saab recordó que el nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) presentó una propuesta de asistencia técnica para celebrar la elección. La CNdP la descartó y continuó organizando el proceso de manera autogestionada por considerar extemporánea la respuesta del Poder Electoral.
“El dar a conocer cifras falsas de participación en un evento electoral que no es auditable, sin garantías de seguridad del voto constituye un fraude a la Constitución (…) la investigación en curso va a tener las consecuencias y los resultados que todos vamos a estar atentos a dar”, insistió el fiscal.
Previo a las declaraciones del fiscal, Simón Calzadilla, miembro de la Plataforma Unitaria Democrática de la oposición, aseguró que cuentan con las actas que comprueban la transparencia del proceso.
“La Plataforma Unitaria junto con la Comisión Nacional de Primaria irá a donde tenga que ir para demostrar lo que está a la vista de todo el pueblo venezolano”, dijo en conferencia de prensa el miércoles por la mañana.
El dirigente político insistió en que la oposición continuará en la lucha para que se respeten los derechos políticos en Venezuela, lo que implica la posibilidad de que Machado, abanderada de la oposición en las elecciones presidenciales de 2024 tras la elección primaria, participe.
“Ahora nos toca -junto con María Corina Machado, los partidos políticos que la respaldamos en este momento- trabajar en todas las áreas de lucha que tenemos que llevar adelante, organización electoral para 2024, sumar fuerzas en función de la exigencia y el respeto de las libertades y el derecho político con la comunidad”, dijo.
Sobre Machado pesa una inhabilitación administrativa para ejercer cargos públicos por 15 años que es considerada “inconstitucional” e “ilegal” por la oposición, así como por gobiernos y organismos internacionales. La medida le complica el formalizar su candidatura ante el Poder Electoral.
En horas recientes diversos funcionarios del gobierno del presidente Nicolás Maduro, incluyéndolo, han acusado a la oposición de haber cometido un “fraude”.
El martes, Jorge Rodríguez, jefe de la delegación del oficialismo en las negociaciones con la Plataforma Unitaria de la oposición, anunció que solicitaría una reunión de la comisión de verificación de los acuerdos firmados la semana pasada en Barbados.
Rodríguez argumenta que se violó el cuarto punto del Acuerdo Parcial sobre la Promoción de Derechos Políticos y Garantías Electorales para Todos, que establece que las partes procurarán que las condiciones electorales expuestas en el acuerdo sean “igualmente aplicables” para todos los procesos electorales que corresponda desarrollar.
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