La Sala de Apelaciones del tribunal con sede en la ciudad de La Haya, inició la primera de dos audiencias sobre el recurso de apelación presentado por el Estado venezolano contra la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares, que autorizó a reanudar la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. El resultado de este primer encuentro fue adverso para el gobierno de Nicolás Maduro: "Venezuela no está investigando o no ha investigado los hechos penales que podrían constituir crímenes a los que se refiere el artículo 5 del estatuto, en una investigación que equivalga a lo esperada por el fiscal" aseveró Marc Perrin de Brichambaut, juez Corte Penal Internacional.

El abogado Ben Emmerson, designado por Caracas insistió en rechazar la decisión de continuar la investigación por presuntos crímenes perpetrados en el país.
“el fiscal nunca identificó a ningún alto funcionario del que sospeche que esté implicado en alguno de los delitos que pretende investigar. De hecho, ha subrayado constantemente que su examen de la situación nunca llegó a la fase de investigar a ningún sospechoso individual” argumentó

Tras la audiencia, la activista por los derechos humanos, Ana Yánez, subrayó la importancia de las denuncias: “tenemos una cantidad de expedientes que se hicieron donde se demuestra. Sabemos que viene otra evaluación, pero vamos a seguir exigiendo que el gobierno cumpla con los derechos humanos “ manifestó.

Ali Daniels, director de la ONG Acceso a la justicia, sostiene que los argumentos del gobierno para apelar están basados en elementos sin mayor sustentación:
" el gobierno venezolano lo que puso hoy de manifiesto, cómo el sistema de justicia venezolano no tiene la intención ni la capacidad, para continuar con la averiguación’" relató.

Según el gobierno venezolano, desde el 2017 más de 200 funcionarios de la policía o el ejército han sido acusados por violaciones a los derechos humanos.