El gobierno de Nicaragua presentó el viernes al Congreso un proyecto de ley para que liberar a personas arrestadas durante protestas contra el presidente Daniel Ortega, pero la oposición teme que limite la posibilidad de investigar al Estado por la represión contra los manifestantes.
Ortega se ha comprometió a liberar a los detenidos en las manifestaciones antigubernamentales que comenzaron en abril del año pasado como un gesto para retomar el diálogo con la oposición y acabar con la crisis política.
El gobierno ya excarceló a 521 "presos políticos" pero aún están en prisión 182, según el Comité de Familiares de Presos Políticos. Producto de las protestas, más de 325 personas murieron, en su mayoría, manifestantes opositores, según organismos de derechos humanos.
"Concédase amplia amnistía a las personas que han participado en los sucesos acaecidos en todo el territorio nacional a partir del 18 de abril de 2018 hasta la fecha de entrada en vigencia de la presente ley", detalla la iniciativa.
La amnistía se extendería "a las personas que no han sido investigadas, que se encuentran en procesos de investigación" o en procesos penales y "en cumplimiento de ejecución de sentencias", dice la reforma.
El proyecto -presentado por diputados del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que tiene amplia mayoría en el parlamento- fue criticado por la opositora Alianza Cívica, que ha negociado la liberación de los manifestantes.
"(El gobierno quiere garantizar) impunidad para paramilitares y policías que participaron en la represión contra la población que protestaba y justificar con la ley la liberación de presos políticos", dijo el portavoz de la agrupación, José Pallais.
La propuesta tampoco es aceptada por familiares de las víctimas.
"La rechazo totalmente porque evitará que encuentre justicia por el crimen de mi hijo", dijo Álvaro Conrado, cuyo hijo de 15 años murió de un disparo en la garganta durante una manifestación en abril de 2018.