![Un venezolano sostiene su bandera frente al Capitolio de EEUU, en Washington. [Archivo]](https://gdb.voanews.com/B1319468-ABFE-484D-8ABE-D38A296631CE_w250_r1_s.jpg)
El gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rechazó el martes la aprobación en la Cámara de Representantes de Estados Unidos de un proyecto de ley bipartidista que busca cortarle el flujo financiero.
La iniciativa deberá pasar por el Senado y para convertirse en ley deberá ser firmada por el presidente estadounidense. La reacción llega un día después de que la Cámara de Representantes aprobara el proyecto de ley bipartidista de Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Ilegítimo de Venezuela, conocida como "Ley Bolívar".
La legislación fue presentada el lunes por el congresista republicano Mike Waltz, escogido por el presidente electo Donald Trump que ocupe el puesto de asesor de seguridad nacional, y la demócrata Debbie Wasserman Schultz, ambos de Florida.
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La reacción de Caracas no se hizo esperar.
“Dicho instrumento busca impedir el relacionamiento y la cooperación económica de Venezuela y los Estados Unidos en distintos ámbitos de acción, en franca violación a la Carta de las Naciones Unidas”, precisa un comunicado divulgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Lo que busca la medida
La legislación busca prohibir temporalmente a agencias estadounidenses celebrar contratos para la adquisición de bienes o servicios “con cualquier persona que determine, con el consentimiento del Departamento de Estado, que a sabiendas participa en operaciones comerciales importantes con el régimen de Maduro”.
Para el gobierno venezolano se trata de una “nueva arremetida” que, según dijo, se suma a más de 930 medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela. Además, exhortó a los órganos de Naciones Unidas de Derechos Humanos y a la comunidad internacional a condenar el acto que calificó de “ilegal y violatorio” de la soberanía nacional.
De acuerdo con una publicación de la congresista republicana María Elvira Salazar, la normativa “corta un salvavidas financiero adicional” al gobierno de Maduro, reafirma el apoyo al excandidato presidencial, Edmundo González Urrutia, a quien se refiere como presidente electo de Venezuela, y “elogia las sanciones existentes contra la dictadura ilegítima chavista”.
Maduro fue proclamado ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio para un tercer mandato, pero la oposición, que publicó copias de las actas que conservaron sus testigos de mesa, denunció fraude y le atribuyó la victoria a González Urrutia, actualmente en un exilio “forzado” en España.
Parte de la comunidad internacional no ha reconocido a Maduro como ganador y ha pedido una verificación independiente de los resultados que causaron protestas que dejaron 28 personas muertas y más de 2400 detenidas.
Si bien la política exterior de EEUU hacia Venezuela es bipartidista, todavía es una incógnita cuál será la posición que asumirá Trump, si una política de máxima presión como en su primer período o una posición más moderada como la que adoptó el actual mandatario, Joe Biden, que flexibilizó algunas sanciones contra la industria petrolera venezolana.
El gobierno de Maduro, ha manifestado estar dispuesto a entablar “buenas relaciones” sobre la base de “diálogo, respeto y sensatez” con el próximo ocupante de la Casa Blanca.
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