El Gobierno de Pedro Castillo envió una solicitud a la Organización de los Estados Americanos (OEA) para que active los artículos 17 y 18 de la Carta Democrática Interamericana ante la grave crisis política que sacude a Perú en los últimos días.
El escrito, al que la Voz de América accedió, fue presentado el pasado miércoles 12 de octubre ante el despacho del secretario general, Luis Almagro.
“La intención de recurrir a dichos dispositivos se debe y el legítimo ejercicio del poder, teniendo en cuenta que en los últimos meses vienen ocurriendo en el Perú una sucesión de hechos y situaciones, por parte del Poder Legislativo, Ministerio Público y de otros órganos constitucionales, que en abierta contradicción con las disposiciones constitucionales y las normas que regulan la separación de poderes propia del Estado de Derecho, han configurado un proceso destinado a la alteración del orden e institucionalidad democrática del Perú”, se lee en la carta.
En la misiva se señala que los opositores de Castillo alegaron que hubo un presunto fraude electoral en su victoria electoral del año pasado. Además, se recalca que se crearon comisiones en el Parlamento para investigar al presidente, hubo diversas manifestaciones por parte de instituciones como la Defensoría del Pueblo que pidieron su renuncia, le impidieron viajar a Colombia, al Vaticano y Bruselas para reuniones protocolares, se dieron 27 interpelaciones a sus ministros y la censura de cinco de ellos, y se han promovido tres mociones de vacancia.
Almagro remitió la solicitud del gobierno peruano a Jan Marten Willem Schalkwijk, presidente de la Comisión Permanente de la OEA, a fin de que se ponga en análisis la situación en el Perú en una sesión extraordinaria y se disponga la visita de representantes y otras gestiones que se consideren necesarias.
La sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA tendrá lugar este jueves, a primera hora de la tarde, y contará con la presencia del primer vicepresidente y Relator para el Perú de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Eduardo Stuardo Ralón Orella, y del canciller peruano, César Landa Arroyo.
Actualmente, el presidente Castillo afronta una denuncia constitucional presentada por la Fiscalía General de Perú, que lo señala de ser el presunto jefe de una organización criminal "enquistada" en el Estado.
En un primer caso, conocido como Puente Tarata III, el mandatario peruano habría usado el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para obtener un soborno de 58 millones de dólares a cambio de beneficiar con la obra a un empresario que aportó en su campaña electoral. Para este propósito, Castillo se habría confabulado con sus sobrinos Fray Vásquez Castillo, Gian Marco Castillo Gómez y el hoy exministro Juan Silva, según la Fiscalía.
En el segundo asunto, el caso Petroperú, el otrora profesor rural habría designado a Hugo Chávez Arévalo como gerente general de la estatal Petroperú con el fin de que pueda decidir sobre las contrataciones millonarias. Una de ellas fue el favorecimiento por 47 millones de dólares a la empresa Heaven Petroleum Operators (HPO) por 280.000 barriles de biodiesel. La operación se hizo realidad cuando el dueño de la citada compañía, Samir Abudayeh, tuvo una reunión con Castillo en Palacio de Gobierno.
La defensa legal de Castillo ha recurrido al Poder Judicial para presentar un escrito, al que la VOA accedió, que indica que ninguno de los delitos de los que el Ministerio Público acusa al presidente -que son organización criminal, tráfico de influencias y colusión- se encuentra en el artículo 117 de la Constitución, que establece por qué cargos puede ser imputado el jefe de Estado en el ejercicio de sus funciones.
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