Bajo la presión de la comunidad internacional, que sigue apostando a una salida negociada a la prolongada crisis venezolana, los delegados del gobierno de Nicolás Maduro y de la oposición reanudan este sábado en la capital mexicana los diálogos, entre el escepticismo y la incógnita de cuánto estarán dispuestos a ceder para lograr avances en el proceso.
Tras 13 meses de suspensión de los diálogos, el gobierno y la oposición pretenden impulsar el proceso con un acuerdo, en el que han avanzado en los últimos meses con la mediación de Noruega, para crear un fondo social, con recursos congelados del Estado venezolano, que se utilizará para financiar programas de salud, alimentación y educación para los mayoritarios sectores pobres, que han sido muy golpeados por la crisis, y atender el deteriorado sistema eléctrico público.
La delegación del Gobierno de Venezuela llegó el viernes a Ciudad de México para la firma de un "acuerdo social" con opositores, como parte de los diálogos políticos que estaban suspendidos desde hace más de un año.
Un proceso paralizado
Las negociaciones entre Gobierno y oposición se retoman tras meses de encuentros reservados de las partes y en los que Estados Unidos ha jugado un rol al dejar claro que permitir que la petrolera Chevron asuma un rol más amplio en el sector energético de Venezuela depende de su regreso a las conversaciones en México.
La delegación oficialista, liderada por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, y la de la oposición que encabeza Gerardo Blyde, tienen previsto firmar un "acuerdo social", que según el representante del gobierno de Nicolás Maduro crea "un mecanismo práctico para abordar necesidades sociales vitales" en Venezuela.
"Estamos interesados (...) en que nuestros asuntos sean dirimidos a través de la discusión y el diálogo en el marco que nos da la Constitución", dijo Rodríguez a su llegada a México con su delegación de nueve personas y en las que hubo un cambio para incluir a Camilla Fabri, esposa del empresario de origen colombiano Alex Saab. La delegación encabezada por Rodríguez está integrada, además de Fabri, por el diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del mandatario venezolano.
Saab, en el epicentro del diálogo
La extradición de Saab, en octubre del 2021, desde Cabo Verde a Estados Unidos por cargos de lavado de dinero, fue lo que provocó la molestia del gobierno Maduro y que suspendieran las conversaciones. Desde entonces el Gobierno venezolano demanda su excarcelación.
El presidente del parlamento ha dicho que con el acuerdo se busca atender problemas en la prestación de servicios públicos como la electricidad, la salud y la educación, usando fondos que esperan descongelar en el sistema financiero internacional, pero no ha dado detalles sobre montos o plazos para recibir esos fondos, que serían administrados por la ONU.
Maduro dijo el jueves por la noche que el diálogo estará en "función de recuperar los recursos secuestrados para invertirlos en el pueblo. Después veremos qué otros temas se pueden conversar con esta oposición". Los opositores ven en los diálogos una vía para salir de la crisis con un eventual acuerdo para ir a elecciones "libres y justas" presidenciales, previstas para el 2024.
El fondo social para Venezuela
Por otro lado, la conformación del fondo social, que sería administrado por Naciones Unidas, forma parte de una amplia agenda de discusiones que incluirá el levantamiento de las sanciones económicas, la definición de las condiciones para las elecciones presidenciales del 2024, la liberación de presos políticos y el retiro de inhabilitaciones políticas.
Aunque entre los venezolanos y analistas hay muchas dudas de que estas negociaciones puedan generar beneficios tangibles para la población y llegar a buen término debido al fracaso de anteriores procesos, la comunidad internacional sigue apostando al diálogo para lograr una salida a la crisis política, social y económica que ha generado la migración de más de siete millones de personas en los últimos años, problemática que ha comenzado a golpear a Estados Unidos.
Al respecto, Mariano de Alba, asesor senior de la ONG International Crisis Group, dijo a The Associated Press que aunque el escepticismo es justificable, si se quiere avanzar en la resolución del conflicto venezolano, “la alternativa realista es tratar de que esta negociación progrese y dé resultados”.
Un Gobierno fuerte y una oposición debilitada
En esta nueva fase del proceso, el gobierno de Maduro se sienta a dialogar mucho más fortalecido política y económicamente, mientras que la oposición, aglutinada en la llamada “Plataforma Unitaria”, luce muy debilitada por las fracturas internas, la pérdida de espacios políticos y de respaldo popular, lo que limita de manera considerable su poder de negociación.
![El expresidente de Ecuador, Jamil Mahuad, durante la entrevista con la Voz de América en Miami, con motivo de la presentación de su libro "Así dolarizamos al Ecuador". [Foto: Antoni Belchi / VOA]](https://gdb.voanews.com/022a0000-0aff-0242-0245-08dacd50f13d_w100_r1.jpg)
Ante este contexto, Estados Unidos jugará un papel clave debido a que tiene en sus manos lo único que según los analistas llevó a Maduro a retornar a la mesa de diálogos: las sanciones económicas que enfrenta su gobierno desde hace más de tres años.
No es casualidad que la reactivación de las conversaciones coincida con la decisión que debe tomar próximamente el gobierno de Joe Biden sobre la ampliación de la licencia de operaciones en Venezuela de Chevron, la mayor empresa petrolera estadounidense, lo que ayudaría a recuperar la mermada producción de crudos de la nación suramericana que se vio golpeada por las sanciones que impuso Washington tras cuestionar las elecciones del 2018 en las que Maduro logró la reelección por seis años.
Poco después que se dio a conocer esta semana la reactivación de los diálogos, el subsecretario de Estado para el hemisferio occidental, Brian Nichols, expresó en su cuenta de Twitter que esperaba que los delegados de ambas partes “trabajen por el alivio de los desafíos humanitarios” que enfrentan los venezolanos, y la realización de “elecciones libres y justas”.
De Alba afirmó que aunque para Washington la situación de Venezuela ya no es un tema prioritario, el gobierno de Biden y el resto de la comunidad internacional están preocupados por las consecuencias que está generando la prolongada crisis venezolana, que ha generado una migración masiva en la región.
Para hacer frente al creciente flujo de migrantes venezolanos, Estados Unidos restringió en octubre los asilos e impuso un plan de 24.000 visas humanitarias.
Entre agosto y octubre del año pasado, los delegados del gobierno y la oposición participaron en un proceso de negociaciones que no llegó a nada. En esa oportunidad, el equipo de Maduro suspendió los diálogos en protesta por la extradición desde Cabo Verde a Estados Unidos de Saab, quien enfrenta cargos por lavado cientos de millones de dólares provenientes presuntamente de negocios corruptos con el gobierno venezolano.
(Con información de The Associated Press y Reuters)
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