El desarrollo económico, la educación y la lucha contra la violencia armada son centro de la agenda climática para algunos gobiernos locales en Colombia que, de cara a los próximos años, buscan vincular a las comunidades en la protección del medio ambiente.
Así lo compartieron autoridades ambientales y gobernadores electos durante un evento organizado por el Diálogo Interamericano en Washington el miércoles. Allí, señalaron las complejidades ambientales a las que se enfrenta el país.
Pese a la amplia biodiversidad colombiana, varias regiones se enfrentan a conflictos que “afectan y que generan impactos ambientales derivados de actividades ilegales y también de minería ilegal”, dijo Gregorio Angarita, director de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental, encargada de la administración de los recursos ambientales en el Norte de Santander, que comprende un importante territorio fronterizo con Venezuela.
La Organización Internacional del Trabajo estima que en Colombia hay unos 200,000 mineros, y cerca del 70 % de ellos se dedica a la minería ilegal. Esta actividad provoca impactos al suelo, pérdida de flora y fauna y afecta los recursos hídricos.
Angarita hizo un llamado a “generar oportunidades” derivados de negocios verdes, es decir, que generan impactos ambientales positivos, “que se han vuelto una verdadera alternativa de sostenibilidad”, pero que según dijo, “requiere apoyo internacional”.
Nubia Carolina Córdoba, gobernadora electa del Chocó, exhortó a crear una intersección entre los entornos humanitarios y ambientales en su departamento. Especialmente, dijo, debido al alto indíce de diversidad ambiental que tiene Chocó con el acceso a las costas Caribe y Pacífica, y al ser el único que limita con Panamá.
“Si hoy la evaluación ambiental es en torno a poder garantizar los recursos que esta generación y la próxima, entonces es muy importante también volcar el foco a las personas”, apuntó Córdoba.
En este departamento el 86 % de la población es afrodescendiente e indígena que se encuentran bajo un “reto importante” de conflicto armado, desplazamiento, confinamiento, pobreza y límite de uso del territorio. Algunas, mencionó, ni siquiera tienen aún acceso a energía eléctrica.
Córdoba, cuya administración comienza el próximo 1 de enero, aseguró que en el Chocó se debe “permitir que los recursos naturales también sean una plataforma de desarrollo económico para las comunidades”.
Una situación que según Luis Alfonso Escobar, gobernador electo de Nariño, es “casi idéntica” en su departamento. En el caso de Nariño resaltó el “desarrollo desequilibrado” en un territorio con altos recursos naturales.
“Estos factores que están ligados a las economías ilegales de la coca y de la minería ilegal que están presentes en nuestro territorio. Esas cosas se van transformando en la medida en que transformamos los territorios… la política de transición debe estar orientada al desarrollo de comunidades energéticas, principalmente en las regiones más apartadas de nuestro territorio”, apuntó Escobar.
Ante los factores detallados por los gobernadores, Vanessa Rodríguez Zúñiga, directora de la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Urabá en Antioquia, mencionó la educación ambiental como un elemento “estructural” para alcanzar la sostenibilidad en el país.
![Migración Colombia informó la desmantelación de una red internacional dedicada al tráfico de migrantes. [Foto: Migración Colombia]](https://gdb.voanews.com/01000000-c0a8-0242-42d3-08dbf5d406ef_w100_r1.jpeg)
“Es usar el vehículo de la académica para llegar a a esas comunidades rurales y que puedan ellos ser los generadores de conocimiento y que nosotros, las instituciones, tomemos ese conocimiento en muchos casos ancestral local y transformarlo en un conocimiento científico… y divulgarlo a nivel regional, local y de Colombia”, dijo.
La visita de estos estos representantes a Washington se dio, además, en el marco de los 30 años de la Ley 99 para la conservación del ambiente y la protección de los recursos naturales renovables. Para esto, la Embajada de Colombia en EEUU convocó a más de 50 expertos en áreas de conservación y desarrollo sostenible.
Durante el evento, el embajador Luis Gilberto Murillo y el subsecretario adjunto para Asuntos Andinos del Departamento de Estado de EEUU, Kevin Sullivan, reafirmaron “la alianza estratégica para la conservación”.
Este esfuerzo busca mitigar los efectos del cambio climático y trabajar en conjunto en la conservación de la biodiversidad de Colombia.
Recientemente, durante su intervención en la Conferencia de las Partes (COP 28) en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, el presidente colombiano Gustavo Petro propuso a los cientos de participantes una transición energética basada en los recursos renovables, y señaló a EEUU como “una de las grandes chimeneas” del mundo, en referencia a su emisión de dióxido de carbono.
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