En la última década han sido asesinados 134 periodistas en México, Brasil, Honduras y Colombia y aunque en esos países hay mecanismos para protegerlos, tienen “graves problemas”, como su dependencia de “instituciones ineficaces”, falta de recursos o medidas inadecuadas o que se aplican tarde.
Así lo indicó en un informe divulgado el martes la organización Reporteros sin Fronteras (RSF) titulado “Bajo Riesgo” que analizó los programas de protección en esos cuatro países de América Latina que concentran el 90% de los casos de informadores asesinados en la región entre 2012 y 2021.
Según sus hallazgos, existen “fallos estructurales importantes" que evitan la correcta aplicación de los mecanismos de protección. “Todos ellos dependen de instituciones ineficaces (policía, ejército, justicia); las metodologías de análisis de riesgo no tienen siempre en cuenta las especificidades de la labor periodística; las medidas de protección son inadecuadas o se aplican demasiado tarde; los recursos humanos y financieros son insuficientes”.
Ninguno de los cuatro países tiene en cuenta las particularidades de las mujeres periodistas, extremadamente vulnerables en América Latina, e “ignoran las formas de violencia de género que afectan a las mujeres y a la población LGTBIQ+, así como el impacto que las amenazas y agresiones tienen sobre ellas y sobre sus familias”.
El informe denunció también que los “agentes estatales (policías, políticos, miembros del Poder Judicial, funcionarios y representantes del Estado, en general) se identifican casi siempre como los principales responsables de la violencia contra los periodistas” y que falta coordinación entre los mecanismos de protección y las fiscalías.
Especialmente en Brasil y Honduras, “las modalidades de tratamiento de los expedientes y la utilización de recursos adolecen de falta de transparencia” y, en general, no se evalúa su eficacia.
Por ejemplo, muchas veces las medidas son un mero seguimiento de los ataques y por eso, denunció RSF, las agresiones persisten.
Pero el gran problema de fondo es que no se “atacan de raíz las verdaderas causas estructurales de la violencia”, falta coordinación entre las distintas autoridades que suelen trabajar de forma aislada y no hay capacidad para garantizar que los periodistas amenazados sigan trabajando.
Estos problemas generan un clima de “desconfianza generalizada” que se acentúa con “discursos hostiles y estigmatizantes por parte de las autoridades públicas" que se producen en los cuatro países analizados, pero también "por la proliferación de litigios abusivos, una forma de censura judicial que va ganando terreno en América Latina”.
Pese a todos los problemas, RSF enfatizó que la mera existencia de los mecanismos, que no sólo tienen como objetivo proteger a periodistas sino a defensores de derechos humanos y otros colectivos, es un logro indiscutible aunque los cuatro países tienen que ir más allá de simplemente crearlos.
En México, el país que inició 2022 de forma más letal con el asesinato de cinco informadores en un mes y medio, está llevando a cabo una revisión del mecanismo en estos momentos. RSF remarcó que faltan recursos y responsabilidades antes las agresiones y los poderosos estigmatizan la violencia. Este mismo martes el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a arremeter contra la prensa que lo critica.
La parte positiva es que el único de los cuatro países estudiados donde la participación de la sociedad civil en el organismo de protección está institucionalizada.
En Brasil el documento destacó la fragilidad de las leyes y del diseño institucional que hace que las medidas ofrecidas sean insuficientes y que sólo siete de los 26 estados se haya puesto en marcha el programa de protección que recae en la sociedad civil y no en las autoridades. Además, faltan análisis de riesgos y el mecanismo es tan desconocido para la población que, al realizarse el informe, sólo había siete periodistas integrados.
Honduras, por ejemplo, tiene leyes buenas pero las medidas se aplican tarde, mal y por policías y militares, que están entre los principales agresores. Pero su principal problema es la falta de presupuesto.
Y en Colombia, el país con mayor experiencia en el tema, sí hay financiación y hay 8.000 beneficiarios acogidos en el mecanismo -que incluye a más de una docena de grupos vulnerables-, pero falta abordar las causas de la violencia política generalizada y las consecuencias de años de conflicto armado. Según RSF eso no se hace porque los programas se limitan a una protección física que perpetúa otras formas de agresión.
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