Un grupo pro derecho al voto de los latinos pidió este lunes una investigación federal después de que sus voluntarios denunciaron que las autoridades de Texas allanaron sus viviendas y se llevaron computadoras y teléfonos como parte de una investigación de denuncias de frade electoral lanzada por el fiscal general republicano del estado.
No se han presentado cargos contra ninguna de las personas cuyas viviendas fueron registradas en el área de San Antonio la semana pasada. El fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, previamente había confirmado los allanamientos luego que un fiscal le remitió a su despacho “denuncias de fraude electoral y votos falsos” durante la elección de 2022.
Algunos de los voluntarios cuyas viviendas fueron registradas – entre ellos una mujer de 80 años quien dice que los agentes estuvieron dos horas en su vivienda y se llevaron medicinas además de su smartphone y su reloj – protestaron frente a la oficina del fiscal general en San Antonio.
“Nos sentimos como que nuestros votos están siendo suprimidos”, expresó el lunes Roman Palomares, presidente nacional de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC por sus siglas en inglés, League of United Latin American Citizens). “Vamos a llegar al fondo de este asunto”.
La investigación es parte de una Unidad de Integridad Electoral que Paxton creó en su dependencia. El despacho de Paxton no respondió a mensajes en que se le pidió comentario. El Departamento de Justicia federal declinó formular comentario.
Por lo menos seis miembros del grupo tuvieron sus viviendas allanadas, dijo Palomares. Entre ellos está Manuel Medina, un consultor político de San Antonio quien dice que su hogar fue registrado por varias horas y que los agentes se llevaron documentos, computadoras y teléfonos.
Medina era director del capítulo del Partido Demócrata en el condado de Bexar y trabaja con la campaña de la candidata demócrata para la legislatura Cecilia Castellano, cuya vivienda también fue allanada.
Nueve agentes entraron a la vivienda de la voluntaria Lidia Martinez, de 80 años, quien dijo que les expresó confusión sobre por qué estaban allí.
“Me sentaron y empezaron a registrar la casa, mi almacén, mi garaje, la cocina, todo”, dijo Martinez. Añadió que los agentes la interrogaron sobre otros integrantes del grupo, entre ellos Medina.
La orden de registro facultó a los agentes a buscar documentos relacionados con las elecciones, y a confiscar los dispositivos de Martinez.
Martinez dijo que le insistió a los agentes que “No estoy haciendo nada ilegal, solo estoy ayudando a la gente de edad avanzada”.
El fraude electoral es muy inusual, y por lo general ocurre en casos aislados y es detectado. Una investigación de AP sobre las elecciones de 2020 halló menos de 475 casos potenciales de fraude, de 25,5 millones de sufragios depositados en los seis estados en que Donald Trump y sus aliados disputaron su derrota contra el demócrata Joe Biden.
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