El Congreso de Guatemala aprobó de última hora una reforma para reducir el castigo a quien cometa el delito de financiamiento electoral, unos días después de que el presidente Jimmy Morales fuera señalado por la fiscalía y la comisión anticorrupción de la ONU de irregularidades durante la campaña que lo llevó al poder.
En una acción vista por críticos como una maniobra de los legisladores para proteger al presidente y a sus políticos de posibles acciones futuras, los legisladores avalaron por mayoría reducir de 12 a 10 años la pena máxima de prisión para quien incurra en ese delito y en paralelo aprobaron que una sentencia de una década de cárcel pueda ser conmutada con una multa.
Los legisladores hicieron los cambios tras considerar que se trataba de algo con carácter de “urgencia nacional” y pospusieron otras discusiones, incluida una sobre la alimentación escolar, lo cual recibió diversas críticas, incluida de la embajada de Estados Unidos en Guatemala.
En un mensaje en su cuenta de Twitter, la representación diplomática estadounidense señaló que según el Congreso guatemalteco otros temas como escuelas, carreteras y hospitales, no son algo de urgencia nacional. Sin embargo, añadió, “¿Reforma al delito de financiamiento electoral ilícito?,es igual a urgencia nacional”.
Para Carlos Ovalle, abogado y columnista, con las modificaciones “los políticos se están blindando y no están midiendo las consecuencias”.
Para que entren en vigor, las reformas deben ser promulgadas por el presidente Morales, quien ha negado haber incurrido en irregularidades durante su campaña y a quien el Congreso respaldo hace dos días al no aprobar que se le retirara la inmunidad y pudiera ser investigado por financiamiento electoral ilícito.
La Fiscalía General y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) señaló a Mortales de supuestamente ocultar información contable y financiera del partido político que lo llevó al poder por una cantidad equivalente a unos 825.000 dólares durante su campaña de 2015.
Un par de días después de haber sido señalado de las irregularidades, Morales ordenó la expulsión del titular de la CICIG, lo cual lo volvió blanco de críticas dentro y fuera del país ante lo que varios consideraron un intento de protegerse. La Corte de Constitucional detuvo finalmente la salida del país del comisionado.
Morales llegó al poder con la promesa de combatir la corrupción, luego de que su antecesor, Otto Pérez Molina, fuera detenido y enviado a prisión para ser procesado por delitos relacionados con sobornos.
