La Corte de Constitucionalidad de Guatemala decidió abolir la pena de muerte de las leyes que se aplican en la nación centroamericana, se informó el jueves.
Las leyes contemplaban la pena de muerte para quienes sean hallados culpables de parricidio, ejecución extrajudicial, plagio o secuestro, desaparición forzada, narcoatividad y por la muerte del presidente o vicepresidente de la República, y de los demás organismos del Estado
Los magistrados expusieron en la resolución que valorar la “peligrosidad” de los imputados a la hora de decidir si aplicar o no la pena de muerte— “es un concepto que resulta absolutamente inaceptable desde la perspectiva de los derechos humanos, al ser incompatible con el principio de legalidad y, por ende, contrario a lo establecido en el artículo 17 de la Constitución, 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
“No podemos permitir que seamos uno de los últimos países que aplican esa pena. Consideramos que es necesario para el respeto de los Derechos Humanos en Guatemala”, dijo José Alejandro Valverth Flores, uno de los dos abogados que solicitó a la Corte declarar la abolición.
La Corte declaró la inconstitucionalidad de cuatro artículos del Código Penal y dos de la Ley Contra la Narcoactividad, que establecían la forma y circunstancias en las que se podía condenar a pena de muerte.
“Prácticamente ya no hay delito que contemple la pena de muerte o que la tenga vigente”, dijo Martín Guzmán, secretario de la Corte. La decisión de la Corte es definitiva y no hay recurso que pueda reformar el fallo, añadió.
No obstante, analistas consideran que la pena de muerte no ha quedado abolida en Guatemala, sino que se ha dejado sin efecto “los supuestos” para imponerla al declararlos inconstitucionales.
En todo caso Guatemala no ha condenado ni ejecutado la pena de muerte desde hace varios años por ser firmante de un acuerdo regional que la prohibe.
Según Amnistía Internacional, en 2016 solo Estados Unidos, Puerto Rico, Cuba, Jamaica y Guyana la mantenían vigente en sus legislaciones.
