Guatemala: Crece la tensión entre Ministerio Público y Tribunal Supremo Electoral tras nuevo allanamiento

Crece en Guatemala la tensión en torno al proceso electoral ante las nuevas acciones del Ministerio Público que abrió las cajas electorales resguardas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Las reacciones dentro y fuera del país no se han hecho esperar.

Tras un nuevo allanamiento el martes en la tarde, el TSE interpuso a medianoche un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad del país con el que intenta frenar las acciones llevadas a cabo por la Fiscalía del país en su centro de resguardo de las cajas con los votos emitidos en las pasadas elecciones.

Los funcionarios de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) efectuaron el operativo en el que se abrieron unas 160 cajas electorales y confiscaron documentos que, por mandato constitucional, debe custodiar el TSE en su Centro de Operaciones del Proceso Electoral (COPE).

Los allanamientos ordenados por la fiscal general Consuelo Porras, y el jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, con apoyo del juez Fredy Orellana, todos ellos sancionados por Estados Unidos en su Lista Engel, provocó también la ruptura del proceso de transición del gobierno saliente de Alejandro Giammattei al entrante de Bernardo Arévalo, que tomará posesión en enero, por considerar que se trata de un “golpe de Estado” encubierto.

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Al presentar el recurso ante la Corte de Constitucionalidad por la acción fiscal de abrir las cajas de las elecciones de la primera vuelta del 25 de junio, el asesor jurídico del TSE, Abraham Álvarez, explicó a la prensa el razonamiento que contiene el escrito elevado a la máxima autoridad constitucional del país.

La ley establece que “los únicos órganos facultados para poder revisar los materiales electorales son el TSE, como máxima órgano, y las juntas departamentales electorales”, dijo.

Abrir las cajas y contar papeletas como ocurrió este martes, para el TSE “es grave” porque esa es una facultad exclusiva de las juntas receptoras de votos conformadas por ciudadanos independientes, explicó el funcionario.

La presidenta del TSE, Irma Palencia, dijo -al calor de los hechos- que con tales acciones “se quebró la custodia del voto”, al abrir las cajas fuera de los parámetros que manda la ley.

La fiscalía ha pedido un antejuicio contra la magistrada presidenta para quitarle la inmunidad y poder acusarla de delitos penales por “incumplimiento de deberes”.

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El Movimiento Semilla, liderado por Arévalo, también interpuso la mañana de este miércoles otro recurso ante la misma Corte por las acciones de la fiscalía.

La Junta Electoral del Distrito Central ha emitido un comunicado en el que denuncia las acciones de la entidad fiscal porque solo las Juntas Receptores de Votos “son las encargadas del resguardo y escrutinio de los votos emitidos por las ciudadanía”, y quedan para el resguardo del TSE.

“La democracia requiere de organizaciones e instituciones probas, transparentes y eficaces que garanticen los derechos fundamentales”, dijo la entidad.

El jefe fiscal Rafael Currichiche declaró a los medios de comunicación que las diligencias de apertura de cajas apenas comenzaban “no sólo las vamos a realizar el día de hoy, vamos a continuar verificando sobre los hechos que fueron denunciados”.

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