Gran parte de la agitación política de Guatemala de los últimos años se puede atribuir a sus tribunales, donde los jueces protegían a los corruptos y castigaban a quienes intentaban limpiar el sistema, según los analistas.
Esta semana Guatemala inició nuevamente el proceso de elección de decenas de jueces para los más altos tribunales, lo que para los observadores es una oportunidad para reformar un sistema cooptado y consolidar la administración del presidente progresista Bernardo Arévalo.
El Congreso anunció la convocatoria para integrar dos comisiones de postulación: una para elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y otra para seleccionar a los más de 135 magistrados que integran las cortes de apelaciones.
“Nos estamos jugando la posibilidad de darle un giro al timón y medio intentar recuperar un sistema de justicia cooptado por las mafias”, dijo a The Associated Press el politólogo Renzo Rosal.
El catedrático de la Universidad Rafael Landívar explicó que el sistema de justicia está capturado por redes de corrupción integradas por el crimen organizado y grupos interesados en mantener la impunidad.
“Son una alianza política que ha permitido quitar piedras del zapato a quienes intentan sanear el sistema”, dijo Rosal y dio como ejemplo la salida de la Comisión Internacional Contra la Corrupción en Guatemala (CICIG) de las Naciones Unidas que investigó y llevó a juicio a cientos de funcionarios, jueces, empresarios y civiles vinculados con la corrupción y cuya actividad cesó en septiembre de 2019 luego de que el gobierno decidió no prorrogar su mandato.
Para el experto, el sistema está a merced de la fiscal general Consuelo Porras, los magistrados titulares de la Corte de Constitucionalidad y los jueces de la Corte Suprema. “Son una mezcla de orquestadores y operadores”, dijo.
El jueves, por ejemplo, la Corte de Constitucionalidad amparó al partido del expresidente Alejandro Giammattei (2020-2024), para que los diputados del Movimiento Semilla del mandatario Arévalo no sean reconocidos como bloque legislativo y con ello no puedan integrar comisiones en el Congreso.
Para la Relatora Especial sobre la Independencia de Jueces y Abogados de Naciones Unidas, Margaret Satterthwaite, la elección es una gran oportunidad para nombrar a los mejores candidatos.
“La independencia e imparcialidad de los tribunales es una de las garantías esenciales del Estado de Derecho exigidas por las normas de derechos humanos", dijo la relatora e hizo un llamado a que el Congreso garantice que los elegidos cumplan con los requisitos de la ley.
“Me preocupa el contexto de desconfianza que se ha generado en torno a los procesos de nombramiento de tribunales en el pasado, las acusaciones de corrupción y tráfico de influencias que acompañaron el proceso anterior y la falta de participación efectiva de la sociedad civil”, dijo Satterthwaite.
En noviembre de 2023 fueron nombrados los magistrados de la Corte Suprema que deben entregar el cargo en octubre de este año. Los magistrados debieron ocupar el puesto por menos de un año después de que la anterior Corte ejerció cuatro años más del tiempo que le correspondía porque el Congreso no eligió a su reemplazo. Los jueces de la anterior Corte habían librado de procesos por corrupción a varios diputados que los mantuvieron en el cargo.
El abogado constitucionalista Edgar Ortiz estimó que grupos de interés van a procurar mantener el control de las cortes y que es elemental una depuración de los jueces que han criminalizado a funcionarios judiciales, periodistas y opositores políticos.
“Hemos tenido tres o cuatro años muy convulsos en el país y el año 2023 fue el momento cumbre del descalabro del sistema de justicia porque ese sistema intentó revertir las elecciones”, dijo Ortiz.
En junio de 2023 el juez Fredy Orellana ordenó suspender la personalidad jurídica del Movimiento Semilla con el fin de que sus candidatos no pudieran participar en la segunda vuelta electoral, incluida la candidatura de Arévalo.
La decisión fue duramente cuestionada porque según la Ley Electoral y de Partidos Políticos sólo el Tribunal Supremo Electoral puede tomar esas decisiones en temas electorales y políticos. La Corte de Constitucionalidad avaló las acciones del juez que, sin embargo, no impidieron que el proceso electoral continuara.
“La consigna tiene que ser no renovar ni elegir a magistrados responsables de violaciones a los derechos humanos, a los que criminalizaron o intentaron revertir las elecciones”, dijo Ortiz.
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