Casi siete años después de haber sido obligado a renunciar a la presidencia por acusaciones de corrupción, el general guatemalteco Otto Pérez Molina, la ex vicepresidenta Roxana Baldetti y varios exfuncionarios de su gobierno enfrentaron el lunes a un tribunal que les juzgará por acusaciones de corrupción por una millonaria defraudación aduanera.
En una sala de audiencia abarrotada y con poco distanciamiento a pesar de la pandemia, un tribunal inició el debate oral y público contra 28 personas —entre políticos, exfuncionarios y particulares— acusadas de formar una organización criminal que defraudó al Estado por varios millones de dólares.
Tras la denuncia en 2015, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), entonces dirigida por Juan Francisco Sandoval —hoy exiliado en Estados Unidos debido a sus investigaciones— y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CIGIG), determinaron la existencia de una mega estructura, a la que llamaron “la Línea” que defraudaba en las aduanas del país y que supuestamente lideraban Pérez Molina y Baldetti.
Tras la acusaciones los funcionarios renunciaron al cargo y fueron detenidos. Entre los delitos que enfrentan están: asociación ilícita, defraudación aduanera, enriquecimiento ilícito y cohecho.
Durante la audiencia la ex vicepresidenta pidió al tribunal no estar en las audiencias y asistir a éstas de forma virtual por temor a contagiarse de coronavirus.
Según la investigación de la fiscalía, a través de escuchas telefónicas, análisis financieros, testimonios y pruebas documentales se determinó cómo operaba la estructura que presuntamente sobrevaloraba la mercadería que ingresaba a los puertos del país para definir los sobornos a los integrantes de la organización. Los productos entonces no pagaban los respectivos impuestos.
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