Un juez guatemalteco ordenó el viernes investigar a un militar retirado por los delitos de genocidio y deberes contra la humanidad cometidos durante el conflicto armado en el país centroamericano.
El juez Jimi Rodolfo Bremer Ramírez dijo que las pruebas presentadas por la fiscalía contra Luis Enrique Mendoza García fueron aceptadas porque “hay circunstancias que hacen considerar que el sindicado, si bien no es autor del plan, pudo haber tenido conocimiento de las operaciones” en las que se masacraron a pobladores de la etnia indígena Ixil.
Mendoza García fue director de la Sección de Operaciones del Estado Mayor General del Ejército entre abril de 1982 y agosto de 1983 y participó del llamado Plan Victoria 82. En dicho operativo, puesto en marcha durante el gobierno de facto del general José Efraín Ríos Montt, se produjeron masacres, torturas, violaciones y desapariciones en poblados del área Ixil del departamento de Quiché.
Según la investigación preliminar del Ministerio Público, los actos violentos ocurrieron en los municipios de en Santa María Nebaj, San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul.
En su declaración Mendoza García rechazó los señalamientos del ente investigador y pidió que acabe el proceso en su contra.
El militar retirado -que fue ministro de la Defensa Nacional en 1991- tenía orden de captura desde octubre de 2011 y fue detenido el 16 de junio, día de las elecciones generales en el municipio de Salamá del departamento de Baja Verapaz, al salir del centro de votación.
Mendoza García será investigado por el mismo caso por el que fue juzgado Ríos Montt, quien fue condenado en 2013 por un tribunal a 80 años de cárcel por la muerte de 1.771 indígenas a manos del ejército durante sus 15 meses de gobierno entre 1982 y 1983. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad dejó sin efecto la sentencia señalando supuestos errores en el proceso y ordenó repetir el juicio, que no pudo realizarse por la muerte del militar.
