El exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi, que fue excandidato presidencial en Guatemala, recibió el miércoles la libertad provisional y arresto domiciliario por la decisión de una jueza. Sinibaldi estuvo prófugo de la justicia durante cuatro años y tiene cuatro denuncias de corrupción en su contra, entre ellas por su presunta participación en el caso Odebrecht.
La misma jueza Claudette Domínguez dejó también en libertad la víspera a Sandra Torres, ex primera dama y candidata presidencial encausada por financiamiento ilícito, y a Toribio Acevedo, un ciudadano vinculado al sector empresarial, acusado de crímenes de guerra.
Pese al beneficio penitenciario, el excandidato presidencial no podrá salir de prisión pues tiene dos órdenes de arresto más en otros dos procesos penales, también por corrupción. La fiscalía tiene tres días para apelar la decisión.
Juan Luis Pantaleón, vocero del Ministerio Público, confirmó a The Associated Press las medidas concedidas por la jueza a Sinibaldi, entre ellas el arresto domiciliario, la prohibición de salir del país y de comunicarse con coimputados, y la obligación de firmar cada 30 días un libro de actas en la fiscalía.
“La fiscalía solicitó 1,5 millones de quetzales de caución (192.000 dólares), sin embargo la jueza lo benefició con caución de 300.000 quetzales (38.500 dólares)", dijo Pantaleón que aseguró que la Fiscalía está analizando qué acciones emprender.
Sinibaldi fue aspirante a la presidencia por el Partido Patriota, el mismo con el que llegó al cargo el general Otto Pérez Molina, que hoy está preso y que tuvo que renunciar junto a su gabinete por acusaciones de corrupción. Sinibaldi fue, precisamente, ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda de Pérez Molina.
Se entregó a las autoridades en 2020 luego de permanecer cuatro años prófugo.
El Ministerio de Comunicaciones ha sido señalado por ser el botín de políticos y empresarios. Es la cartera que recibe más dinero del presupuesto nacional y sus tres últimos ministros han sido procesados por corrupción.
Según la acusación presentada en 2016 por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Sinibaldi y otros funcionarios de gobierno se habrían coludido para comprar regalos a Pérez Molina con el dinero que recibían de empresas a cambio de contratos, un caso al que llamaron “Cooptación del Estado”.
La CICIG fue un ente de Naciones Unidas que desarticuló estructuras criminales incrustadas en el Estado y que dejó de funcionar en 2019.
En el caso Cooptación del Estado, hay 51 procesados. El juez que conoció el caso, Miguel Ángel Gálvez, tuvo que exiliarse a mediados de mes denunciando persecución por sus fallos contra la corrupción y crímenes de guerra. La fiscalía buscaba procesarlo por supuestas fallas en el debido proceso de cinco casos, pese a que el juez no conoció en tres de ellos.
El político y empresario también está señalado en los casos “Construcción” y “Corrupción”, que corresponden a los negocios del ministerio de Comunicaciones en su fase I y II por corrupción, así como en la trama de la constructora brasileña Odebrecht y en el caso del Transurbano donde se le señala de beneficiarse con contratos millonarios por la construcción de unas estaciones de buses que nunca quedaron instaladas.
Durante el gobierno de Alejandro Giammattei, más de 30 operadores de justicia, defensores de Derechos Humanos y periodistas se han exiliado denunciando criminalización por parte de la fiscal general Consuelo Porras.
Porras fue sancionada, junto con dos funcionarios cercanos, por el gobierno de los Estados Unidos, al retirarle la visa de entrada a y señalarla de obstruir la lucha anticorrupción y socavar la democracia en Guatemala.
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