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Guatemala: Otras dos minas rusas cierran por sanción de EEUU


ARCHIVO- Un hombre trabaja en una minería artesanal. [Foto: Houston Castillo, VOA].
ARCHIVO- Un hombre trabaja en una minería artesanal. [Foto: Houston Castillo, VOA].

Las mineras en Guatemala cuentan con el apoyo del presidente guatemalteco Alejandro Giammattei, que declaró en años pasados varios estados de sitio para aplacar manifestaciones de las comunidades contra la explotación minera.

Dos empresas mineras que operaban en Guatemala anunciaron el cese de todas sus operaciones industriales temporalmente a partir de esta semana, luego de ser sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en noviembre de 2022 señaladas por presuntamente sobornar a funcionarios y oficiales del país centroamericano.

La Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) y la Compañía Procesadora de Níquel de Izabal (ProNico) anunciaron en un comunicado de prensa la noche del martes su cese temporal y la terminación, de mutuo acuerdo, de los contratos laborales con más de 600 empleados, mientras intentan revertir las sanciones estadounidenses.

Las dos empresas son subsidiarias de Solway Investment Group, una empresa que, según Estados Unidos, es de capital ruso y ha explotado minas guatemaltecas en la zona del departamento de Izabal, al norte del país, desde 2011. Solway ha refutado que tenga relación comercial con rusa.

La sanción de Estados Unidos incluyó a una tercera minera, Mayaníquel, que operaba en los departamentos de Izabal y Alta Verapaz, y que también anunció la suspensión de su trabajo en diciembre de 2022.

Las dos mineras que confirmaron su cierre el martes dijeron que quedará un reducido número de personal que trabajará para garantizar el control efectivo de los riesgos ambientales, la seguridad y la conservación de la infraestructura existente.

La sanción se hizo bajo la Ley Global Magnitsky que persigue a quienes cometen serias violaciones a los derechos humanos y corrupción alrededor del mundo. Como consecuencia, todas las propiedades e intereses de los sancionados que estén en Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben ser reportadas a la Oficina de Control de Activos.

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