La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, y el secretario general del Ministerio Público, Ángel Arnoldo Pineda, fueron agregados a la lista de Actores Antidemocráticos y Corruptos, bajo la sección 353 de la Ley de Compromiso Reforzado entre Estados Unidos y el Triángulo del Norte.
Según la declaración del secretario del Departamento de Estado, Antony Blinken, Porras obstruyó investigaciones sobre actos de corrupción al interferir en investigaciones penales a través del cambio de fiscales, incluyendo el despido de Juan Francisco Sandoval al frente de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FECI.
En respuesta, el Ministerio Público de Guatemala emitió un comunicado en el que rechaza públicamente las acusaciones que asegura son “totalmente falsas e infundadas”, pues indica que tienen como fuentes a personas que evaden la justicia sin verificar la veracidad de dicha información o tener en cuenta la versión de otros actores.
Además, asegura que son lamentables estas acciones cuyo objetivo “no es la lucha contra la corrupción sino se trata de acciones políticas, sesgadas e ideológicas que están perturbando el desarrollo técnico de una institución seria como el Ministerio Público”, e indica que la fiscal seguirá trabajando al frente de la entidad.
Por su parte, el presidente Alejandro Giammattei, a través de un comunicado, indicó que es una “falta de respeto hacia las relaciones internacionales” que se acuse sin pruebas o sustentos y se dé valor a las declaraciones de quienes cuentan con intereses personales y procesos pendientes en Guatemala.
Y manda un mensaje a quienes aparentemente, brindaron las declaraciones en Estados Unidos:
“Antes de hacer declaraciones o acusaciones irresponsables, insto que se presenten a los tribunales de justicia de Guatemala a resolver sus propios problemas judiciales. Es fácil tirar piedras al techo ajeno cuando tienes uno de vidrio que no aguantará una sola pedrada.”
El exfiscal contra la impunidad, que fue destituido por la fiscal Consuelo Porras el pasado 23 de julio, aseguró a través de redes sociales que las acciones de la jefa del Ministerio Pública “empiezan a tener consecuencias”.
Para el analista político Cristhians Castillo, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala IPNUSAC, esta decisión de Estados Unidos ya se esperaba después de la destitución de Juan Francisco Sandoval al frente de la FECI.
“El mensaje que lanza Estados Unidos con esta nominación es que no se puede confiar en Guatemala”, indicó Castillo, quien resalta que esta situación tiene un grave impacto para la institucionalidad del país.
“Al final quien más sufre en todo esto es la credibilidad de la justicia de nuestro país, el Estado de Derecho con esto recibe casi que el tiro de gracia, porque el mensaje que manda Estados Unidos al mundo, no solo a los guatemaltecos, no solo a Consuelo Porras, no solo al presidente Giammattei que deberá elegir el próximo abril 2022 al sucesor de la fiscal general. El mensaje es que en Guatemala no hay un sistema de justicia creíble”, aseguró.
Mientras, para el analista Francisco Quezada, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, CIEN, se espera que los medios de prueba que se tomaron en cuenta para emitir los señalamientos, sean presentados en Guatemala para sustentar una investigación.
“Tenemos que esperar que se trasladen las pruebas que se tengan para poder señalar a una persona de esa manera, puesto que al tomar una decisión así, uno supone que con mucha seriedad se evaluaron medios de prueba, y esos medios de prueba se van a poner a disposición de la justicia, y esperaríamos que en un corto plazo sean trasladados y lamentablemente si no lo es, únicamente es un tema de una decisión de carácter político”, indicó.
Con esta nominación, Estados Unidos retira la visa a la fiscal general y el secretario general del Ministerio Público, para impedir su ingreso al país, algo que el analista Quezada, asegura que el país norteamericano tiene derecho de hacer dentro de su soberanía, elegir quien puede ingresar a su territorio. Pero agrega: “lo que no puede hacer nadie, es privar a una persona de su prestigio, de su dignidad, de su decoro, de su presunción de inocencia y aplicarle secuelas como si ya hubiera sido condenada”, respecto a las acusaciones hechas contra Consuelo Porras.
Además, resalta que las consecuencias de estas acusaciones son para todo el país, no solo para una persona, o a un cargo. “Se está mandando un poderoso mensaje que Guatemala es un país inviable, donde la inversión extranjera no es bienvenida porque se está diciendo las máximas autoridades en perseguir el delito están implicadas en corrupción”, aseguró y resaltó que esto puede provocar menos empleos y más migración.
Mientras, Cristhians Castillo remarca que esta acción de Estados Unidos tiene un mensaje claro: “Consuelo Porras no puede ir a la reelección”, recordando que en abril de 2022 el presidente de la república, Alejandro Giammattei, debe elegir a un nuevo fiscal general.
Y agrega que con este anuncio y la alerta de viaje #4 emitida la semana pasada por el alto riesgo de contagios de COVID-19 y los altos niveles de delincuencia, Estados Unidos envía mensajes contundentes y desalentadores para quienes pudieran ver en Guatemala un destino de turismo o la posibilidad de traer capitales para poder invertir en el país.
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