La directora de la Oficina de Manejo de Personal (OPM) del gobierno de Estados Unidos, Katherine Archuleta, dijo que no piensa renunciar tras las revelaciones de que la información oficial de más de 21 millones de personas fue robada por hackers.
La vastedad del robo excede todos los estimados previos e incluye información sensible como los números de seguro social de las personas que solicitaron una investigación de antecedentes y de sus familiares y allegados, direcciones, historial de viajes, contactos con extranjeros y hasta las huellas digitales.
Legisladores de ambos partidos, incluyendo algunos que usualmente se abstienen de criticar al gobierno, reaccionaron con indignación y se quejaron de una “respuesta lenta e inconsistente” por parte de Archuleta y otros funcionarios, que dicen han socavado la confianza en su capacidad.
“Es hora de que deje el cargo”, dijo el senador demócrata por Viriginia, Mark Warner. “Pido fuertemente al gobierno que escoja una nueva gerente con habilidad comprobada para manejar una crisis de esta magnitud”.
El legislador republicano, Jason Chafetz, espetó que "tal incompetencia es inexcusable" y acusó a Archuleta y su entorno de "ignorar conscientemente las advertencias" y de "no corregir las debilidades".
No obstante Archuleta dijo estar "comprometida con el trabajo" que está haciendo.
"De verdad que entiendo el impacto que esto tiene en nuestros actuales y antiguos empleados, nuestro personal militar y nuestros contratistas", añadió.
Aunque el gobierno no ha señalado públicamente a nadie como responsable del hackeo, varios funcionarios que han sido informados sobre el estado de la investigación aseguran que todas las pistas apuntan hacia China.
La información robada podría ser usada, entre otras cosas, para identificar agentes estadounidenses de inteligencia, pese a que por ejemplo la información de la CIA parece no haber sido afectada.
